Aumentar el número de municipios y localidades conectadas por autobús, para llegar a todos los pueblos y todos los ciudadanos del territorio, mejorar la calidad del servicio y la modernización y seguridad de la flota, apostar por la sostenibilidad ambiental, garantizar el tejido empresarial y el nivel de empleo, modificar el modo de prestación, de transporte regular a transporte a la demanda, en las líneas eminentemente rurales e incrementar la oferta de transporte potenciando las rutas de prestación conjunta son algunas de las líneas que marcan la propuesta del nuevo Mapa de Ordenación del Transporte Público de Viajeros por Carretera de Castilla y León, que afectará a la provincia de Ávila (al igual que a las otro ocho provincias de la región) y que prevé llevarse a la práctica el próximo año, una vez que el Consejo de Gobierno de la Junta ya aprobó el Decreto del mapa y que éste acaba de publicarse en el  Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). 

Con la intención de llegar a los 248 municipios de la provincia de Ávila y a los 2.248 de la comunidad (con 6.284 localidades) y de alcanzar los 1,7 millones de viajeros al año en el transporte a la demanda, la publicación del mapa da paso a la fase de elaboración de los anteproyectos de explotación para definir paradas, recursos humanos y sometimiento a información pública para poder contar con la mayor participación y consenso posible de municipios, ciudadanos y sector del transporte. El siguiente trámite será la elaboración de los proyectos de explotación y licitación de los nuevos contratos de concesión de servicios, que estarán vigentes durante diez años.

El nuevo mapa pretende dotar a la Comunidad de rutas «más eficaces y eficientes», cubriendo la totalidad de los municipios, y coordinarlas con las políticas transversales de lucha contra la despoblación, no en vano además de orientarse a la «accesibilidad universal», el nuevo instrumento pretende contribuir «a revertir la tendencia al decaimiento progresivo de la población, y con él de la demanda de movilidad», fundamentalmente en zonas eminentemente rurales.

El visto bueno al Mapa de Ordenación del Transporte, como instrumento que establece la estrategia de movilidad pública en Castilla y León y como elemento esencial para la implantación de un nuevo modelo concesional flexible, garantiza para la Junta los derechos de la ciudadanía, viva donde viva, y da un paso hacia una movilidad pública alineada con los conceptos de «accesibilidad universal, modernidad, sostenibilidad ambiental, conectividad y digitalización».

En este marco, y dado que el transporte por carretera en Castilla y León se considera «vital», al ser un factor de cohesión y vertebración social y territorial, el nuevo mapa se plantea como el instrumento básico para poder diseñar de manera planificada y coordinada los nuevos contratos de transporte, que deben licitarse para cumplir con la normativa europea.

Para la elaboración del mapa se ha realizado un diagnóstico previo del marco territorial y demográfico de Castilla y León, de los polos de movilidad y del sistema de transporte e infraestructuras vigentes para, a partir de ahí, diseñar una planificación sobre tres ejes estratégicos, que son un transporte comprometido con la ciudadanía, con la sostenibilidad y con la transformación digital, cada uno con sus objetivos genéricos.