El lenguaje judicial es un arcano para los legos en derecho. Resulta incomprensible que la Fiscalía el Tribunal Supremo, a cuenta de las investigaciones sobre el rey emérito Juan Carlos I, archive las diligencias incoadas por no existir indicio alguno de ilícito penal y que luego dedique páginas y páginas a demostrar lo contrario, que los hechos que se investigaban sobre donaciones, trust, cuentas en bancos suizos y paraísos fiscales existían y que al no haber sido debidamente declarados en su momento se produjeron delitos fiscales. Es más adelante cuando esta flagrante contradicción tiene su explicación. No es que los delitos no se cometieran, sino que el rey no es imputable por la existencia de su inviolabilidad constitucional, porque sobre otras acciones irregulares ha prescrito su persecución, y porque en último extremo realizó una regularización fiscal que ha evitado que se sentara en el banquillo.
Aspecto este último un tanto controvertido. Hay defensores del rey emérito que ponen más el acento en el hecho de que la fiscalía tardara unos meses en dar carpetazo al asunto, después de que lo hiciera el fiscal suizo que investigaba algunos de los posible delitos, y mucho menos en la sospechas sobre la tardanza en comenzar la instrucción del propio ministerio público y más aún, en la torpeza de la siempre diligente Agencia Tributaria en abrir el expediente a Juan Carlos I por defraudación fiscal, lo que le permitió hacer la regularización por la que la hacienda pública ha ingresado cinco millones de euros. Un precio muy barato o muy caro, según se mire, para el menoscabo de la reputación que ha sufrido la institución que representó durante casi cuatro décadas. Así, parece aventurado criticar a la Fiscalía y a la Agencia Tributaria en su acción sobre el rey emérito, con la intención de criticar al jefe del Ejecutivo, cuando sobre ellas recaen las sospechas de trato de favor.
En estas circunstancias solo queda un frente judicial abierto, la demanda civil por acoso de su examante Corina Larssen, que se ve en Londres, en la que un tribunal debe decidir si el rey emérito conserva su inmunidad. Si el asunto se resuelve favorablemente para los intereses de Juan Carlos I tendrá vía libre para su vuelta a España, ahora que ha dejado de lado algunas de sus peticiones más problemáticas, la devolución de su asignación anual y la residencia en La Zarzuela. .
Ese será el momento en el que se abra una nueva fase en el devenir de la Corona, toda vez que la presencia del rey emérito se haga normal en las condiciones que se determinen por la Casa del Rey y, lógicamente, del Gobierno, de la parte socialista del Ejecutivo, que tendrá que gestionar en parte esa decisión y que se ha convertido en la gran defensora de la institución poniendo pie en pared frente a todas las peticiones de comisiones de investigación solicitadas, y que ha metido en el cajón la Ley de la Corona y por supuesto una posible modificación constitucional del Título II en la que se incluiría la revisión del anacrónico privilegio de la inviolabilidad del rey en todos los casos, para dejarlo circunscrito al ejercicio de su función.
Como no existe consenso para abordar ese proceso agravado la mejor forma para volver a prestigiar a la Corona es que el rey Felipe Vi siga trabajando por hacer más transparente la Casa Real.