Siempre hay prisa, mucha prisa, tanta que no se deja que las leyes reposen y se compruebe su virtualidad tras el paso del tiempo. Prisa por sacarlas adelante sin el debido análisis, los debates y el estudio sereno. Prisa porque se trata de las 'leyes estrella' que justifican la existencia de un ministerio, y prisa porque existe la sensación de que hay que aprovechar el momento, dado que después no será posible sacarlas adelante cuando cambien las mayorías parlamentarias, lo que lleva a decantarse por lo mejor, desde un punto de vista ideológico, que quizá no sea lo bueno desde otras perspectivas que tratan de que las leyes no produzcan 'efectos indeseados'.
También había prisa por señalar estas deficiencias utilizando una amalgama de asuntos y actitudes, desde dar una lección jurídica a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a no hacer caso a las peticiones de la fiscalía, o anunciar resoluciones antes de que se haya acabado todo el proceso de recursos, dado que la mayoría de reducción de penas y excarcelaciones deberán pasar por el Tribunal Supremo y hasta entonces no serán sentencias reductoras firmes. Y políticamente se trata de acentuar las contradicciones entre los socios del Gobierno de coalición, ahondar en la herida en la que Unidas Podemos la sostienen sin enmendarla a pesar del clamor social, y los otros reconocen el error de no haber legislado con mayor sentido común, y ahora ambos han sido incapaces de encontrar un punto de acuerdo, entre sus posiciones encontradas en la que las dos partes tienen razón: es preciso mitigar la alarma social dicen unos, y se vuelve al calvario probatorio, dicen otros. La víctima es el consentimiento, el 'solo sí es sí' y ese debate oculta el resto de aspectos benéficos de la ley integral de libertad sexual. Cuando dentro de unos meses entre en vigor la reforma de la ley que ayer tomó en consideración el Congreso, habrá más elementos de juicio para comprobar el papel que ha desempeñado cada uno de los actores en la aplicación de la ley y quien llevaba más razón en este debate.
Las leyes del ministerio de Igualdad, que lo son de todo el Gobierno, han supuesto la fractura del movimiento feminista no solo por la ley 'sólo sí es sí' o la ley trans, sino por las discrepancias en torno a la abolición de la prostitución y la persecución del proxenetismo. Se trata de asuntos de la máxima importancia para un movimiento social que es protagonista de los avances sociales más evidentes de las últimas décadas, pero que no son los únicos, porque los avances de las mujeres se dejan sentir en otros muchos ámbitos en los que aún es preciso legislar para hacer efectiva la igualdad.
En este ambiente de crispación y división política y social se llega a las manifestaciones del 8-M que hacen añorar las unitarias y multitudinarias de antes de la pandemia. De la misma forma que no deja de sorprender la conversión al feminismo que han experimentado algunos partidos que han votado en contra de todas las leyes que daban más derechos y libertades a las mujeres, que hace sospechar de su caída del caballo, y acentúa la convicción de que mantendrían su posición si no mediara el conflicto interno en el seno del Gobierno de coalición. La peor noticia en torno al movimiento feminista es que tras el encontronazo entre sus distintos sectores el 7 y 8 de marzo resultará muy difícil volver a una senda de unidad.