La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) prevé que en la segunda mitad del año se pierdan cerca de 1,25 millones de empleos «siempre que no se produzca un empeoramiento de la situación sanitaria en otoño».

En cualquier caso, advirtió que lo que ocurra en los próximos meses dependerá sobre todo de cómo evolucionen las tasas de reincorporación de los trabajadores protegidos por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

«Gran parte de las empresas que siguen con ERTE están en actividades que suelen tener un comportamiento negativo laboral en la segunda parte del año», resalta Fedea, tras subrayar que parte de este ajuste ya se ha producido en meses anteriores con la congelación de las contrataciones, «pero no deja de preocupar la posibilidad de que una fracción importante de estas empresas tengan que realizar nuevos ajustes cuando finalice la vigencia de los ERTE».

La Fundación consideró que se deben ir reduciendo de manera gradual las medidas extraordinarias de protección a trabajadores y empresas, a la vez que se están introduciendo estímulos que contribuyan a la vuelta a la actividad, y también abogó por establecer mecanismos que ayuden a evitar el cierre de empresas viables «sin obstaculizar» la necesaria reasignación de recursos hacia las actividades y empresas con mejores perspectivas.

Además, afirmó que España está entrando en una nueva etapa de reactivación que exigirá un «reajuste de las políticas públicas».

Los autores del informe apuntaron que hay una batería de indicadores que muestran ya «de forma cada vez más clara» los efectos de la pandemia sobre las cuentas públicas, «registrándose una fuerte caída de la recaudación tributaria y un significativo aumento del gasto».

También destacaron que comienza a observarse una cierta recuperación de la actividad y el empleo, «aunque todavía en niveles extremadamente bajos». 

Por otro lado, señalaron que convendría empezar a pensar en cómo adaptar las líneas de financiación ya existentes a las diferentes necesidades de los sectores y en qué hacer con aquellas empresas beneficiarias de tales líneas que puedan tener dificultades para devolver los préstamos recibidos».

En el caso de grandes empresas, consideran que el nuevo fondo de apoyo a la solvencia permite la intervención directa del Estado, pero que, para el resto, «cabría considerar quitas a posteriori en los préstamos con garantías públicas».