El macrojuicio contra la excúpula de la Consejería de Economía de la Junta por el denominado 'caso de la Perla Negra' arrancó ayer envuelto en polémica y con posibilidades reales de que tenga que ser suspendido apenas 24 horas después de que diera comienzo por no haber entregado toda la documentación a las defensas. Fiscalía, acusaciones y las propias defensas solicitaron en la primera jornada del juicio que la causa sea devuelta al juzgado de instrucción al haberse visto vulnerado el derecho de defensa por no haberse dado traslado completo a las partes de todas las actuaciones previas. Y es que, la Audiencia de Valladolid decidió suspender, en principio hasta hoy, el juicio para decidir si finalmente acuerda la devolución del proceso al juzgado de instrucción para evitar una posible vulneración del derecho a la defensa, al no haber recibido las defensas la totalidad de las actuaciones.

La decisión provisional de la Sección Segunda de lo Penal se produjo tras la fase de cuestiones previas en la que los principales encausados en el juicio de la Perla Negra, incluso la fiscal del caso y las otras dos acusaciones ejercidas por la Junta, como particular, y el PSOE autonómico, como popular, hayan invocado la nulidad por vulneración del derecho a la defensa, entre otras razones, por no haber recibido del juzgado de instrucción la totalidad de las actuaciones que se siguen contra los procesados.

Y es que los representantes de los exviceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández, así como las defensas del exconsejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, y del resto de los encausados han hecho causa común en su solicitud de nulidad del proceso al entender vulnerado su derecho de defensa, fundamentalmente por no haber tenido acceso a la totalidad de la causa pese a haber transcurrido más de nueve años desde el inicial auto de imputación el 23 de octubre de 2013 por parte del Juzgado de Instrucción número 2.

Los abogados de los procesados coincidían en que no han contado con las «mismas armas» a la hora de elaborar sus respectivos escritos de defensa por no haber recibido el total de las actuaciones, obtenidas vía CD, USB y papel, y ello a pesar de las numerosas reclamaciones formuladas a lo largo de casi un década. «No todos podemos asegurar que tengamos la misma causa», resumió el letrado del empresario Ángel Román Montes.

Ese acceso incompleto a las actuaciones es lo que impedía incluso concretar si los delitos imputados a los acusados habían prescrito o no, según apuntaron las defensas, que también alegaron que tal circunstancia suponía la vulneración del derecho a disponer de las «mismas armas procesales», a lo que añadieron falta de concreción de los hechos imputados y dilaciones indebidas que imponen el sobreseimiento.

Tras las previas expuestas, el presidente del tribunal sentenciador decidió suspender la vista y emplazó a todas la partes a una nueva sesión que se celebrará hoy, a partir de las 09.30 horas, con el fin de deliberar sobre lo escuchado y dar a concer su decisión respecto de si resuelve reiniciar el juicio o, por el contrario, lo suspende de forma definitiva para que el Juzgado de Instrucción número 2 garantice que la causa en su totalidad es remitida a los representantes legales de los encausados.

Entre 20 y 220 años de cárcel por un fraude de 24 millones

Un caso en el que se juzgará a las doce las personas imputadas en este caso, entre ellos los exviceconsejeros de Economía de la Junta, Rafael Delgado y Begoña Hernández, y el exconsejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán. Las peticiones de cárcel solicitadas para ellos oscilan entre los 79 años en su conjunto que solicita la Fiscalía para los doce imputados, los 221 interesados por el PSOE regional, como acusación popular, y los 20 años que globalmente pide la Junta, en calidad de acusación particular, para ocho de los encausados. La Fiscalía Provincial de Valladolid ha cifrado en más de 23,4 millones el fraude de la cúpula de la antigua Consejería de Economía y Empleo de la Junta en el caso de Perla Negra y la venta de los terrenos de Portillo. En su escrito argumenta que la actuación de los acusados dio lugar a que la Junta pagara por el inmueble mas de 60,5 millones, cuando su valor no debió superar los 50, y también acusa que se hiciera frente al abono de 9,7 millones que debieron correr a cargo de la empresa Urban Proyecta. Respecto a los terrenos de Portillo, el Ministerio Fiscal argumenta que las actuaciones concertadas por los acusados provocaron un incremento en el precio de las fincas, que supuso un sobreprecio de, al menos, 3,3 millones.