García valora la aportación del PP a la ley de infancia

J.M.M.
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La diputada abulense denunció que el Ejecutivo solo ha aceptado una de cada tres enmiendas de los populares

La diputada abulense del PP, Alicia García, en su calidad de portavoz de Derechos Sociales del Grupo Popular en el Congreso, subrayó este jueves, en su intervención en el Pleno, que las 150 enmiendas del GPP a la ley de infancia «mejoran la prevención, concienciación, especialización y detección temprana del delito contra los menores». La portavoz de Derechos Sociales del Grupo Popular destacó que el GPP ha presentado el 25% de todas las enmiendas que han conseguido que se incorporen a ley, que abordan cuestiones como reforzar los sistemas de comunicación y coordinación de todos los agentes, mejorando la difusión de los protocolos y garantizando una atención integral y especializada;o la especialización de los profesionales, la formación continua, los planes y programas de formación, con el objetivo de detectar precozmente la violencia y la puesta en marcha de herramientas para que los niños y niñas puedan identificar la violencia y detectarla

A su vez, han logrado que la ley tenga perspectiva de discapacidad, asegurando que todas las medidas tengan un enfoque inclusivo y accesible;o que si se produce un ingreso hospitalario de un menor sobre el que exista sospecha o evidencias de maltrato grave, el alta hospitalaria no podrá hacerse efectivo hasta que reciba resolución y se haya valorado el caso. También crea entornos digitales seguros, así como la puesta en marcha de protocolos de verificación de edad, para que las familias puedan proteger a sus hijos evitando que accedan a pornografía.

En su intervención también denunció que el Ejecutivo solo ha aceptado una de cada tres enmiendas del PP, dejando fuera de la ley múltiples propuestas como crear plazas especializadas para atender a menores en situación de tutela que han sufrido explotación sexual; reforzar los centros y recursos de protección como convertirlos en entornos seguros libres de violencia; elaborar protocolos con el objetivo de evitar fugas de los centros de protección; crear una jurisdicción especializada en Infancia, Familia y Capacidad y financiar adecuadamente a las Administraciones con competencia en la materia.

A su vez, lamentó que el Gobierno haya rechazado las iniciativas del PP sobre la protección de los menores en los centros tutelados porque sirven para evitar cosas como el de Baleares. Por ello, acusó al Gobierno de dejar solos a estos menores y le advierte de que ese silencio le acompañará siempre.

Además, resaltó la labor del PP en la protección a la infancia cuando estuvo en el Gobierno, y puso como ejemplo de ello las dos leyes aprobadas en 2015 sobre esta cuestión y que convirtió a España «en el primer país en incorporar el interés superior del niño como derecho fundamental». Además en 2017 impulsó una ley de protección a la infancia en colaboración con expertos, organizaciones y universidades. Finalmente, afirmó que «esta ley es oportuna y necesaria, ya que la violencia contra la infancia permanece oculta y, en algunos casos, incluso tolerada» y acusó al Gobierno de llegar tres años tarde con esta ley por la falta de voluntad política del PSOE y la nula aportación de Unidas Podemos.



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