Cada partido recibirá 10.205 euros por cada procurador

SPC
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La ausencia de Presupuestos congela las subvenciones electorales que llevan intactas desde 2007

Cada partido recibirá 10.205 euros por cada procurador - Foto: miriam chacon

La ausencia de presupuestos autonómicos ha motivado una nueva congelación de la cantidad que percibirán los partidos políticos por cada procurador que logren en las elecciones autonómicas de mañana, que será de 10.205 euros, una cantidad que no se ha incrementado desde 2007, según informaron a la Agencia Ical fuentes del Ejecutivo autonómico.

Esta cifra suele establecerse en la ley de medidas económicas que acompaña a los Presupuestos, pero dado que este año la Junta no registró el proyecto sigue en vigor la normativa que se recogió en la ley de 2015. En esta normativa, publicada aún en los últimos meses de la crisis económica, se procedió a una congelación de las cantidades con la política de austeridad iniciada por las administraciones.

Además de los 10.205,62 euros que las formaciones con representación en las Cortes de Castilla y León percibirán por cada escaño, también dispondrán de 0,40 euros por cada voto que hayan recibido en las urnas y otros 0,19 euros de subvención por el envío directo y personal a los electores de sobres y papeletas o de propaganda y publicidad electoral. Para acceder a estas partidas resulta imprescindible obtener representación parlamentaria, condición que en 2015 obtuvieron Partido Popular (PP), Partido Socialista (PSOE), Podemos, Ciudadanos, Izquierda Unida (IU) y Unión del Pueblo Leonés (UPL).

Las cantidades fijadas, en aplicación por la Ley Electoral de Castilla y León, sirven para financiar los gastos con los que los partidos, coaliciones y agrupaciones de electores afrontan las elecciones.

Igualmente, la orden de la Consejería de Hacienda establece que cuando un partido, federación, coalición o agrupación participe, además de en las elecciones autonómicas, en otros procesos electorales, los gastos suplementarios no podrán superar el 25 por ciento del límite legal de gastos de los comicios a Cortes Generales, en relación con el ámbito correspondiente.