La candidata a la Alcaldía de Ávila y diputada nacional del PP, Alicia García, ha calificado de «despropósito» el hecho de que el Gobierno de Pedro Sánchez vaya a modificar la Ley de Seguridad Ciudadana. Esto demuestra, a juicio de García, que, «una vez más, Sánchez vuelve a ceder ante sus socios radicales y populistas».

Para García, «la derogación de los preceptos más relevantes de esta ley, aprobada por el Partido Popular en el año 2015, llevará consigo el incremento notable de los índices de criminalidad». La seguridad ciudadana «exige una mayor protección y amparo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que deben combatir esta ley, y no al revés», sentencia.

«No hay libertad sin seguridad», afirma con rotundidad Alicia García, quién recuerda que la Ley de Seguridad Ciudadana supuso «un avance en la protección de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para el cumplimiento de sus funciones de manera eficaz, lo que ha demostrado con el paso de los años que es una herramienta útil para prevenir las amenazas y sancionar los comportamientos incívicos y violentos». Asimismo, continúa la diputada popular, «la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana preserva ese equilibrio fundamental entre libertad y seguridad, por eso ha sido declarada plenamente constitucional tanto por el Tribunal Constitucional en su sentencia del 19 de noviembre de 2020, como por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos». Por eso la «malintencionada» calificación de 'Ley Mordaza' es «totalmente injusta, ya que se trata de una ley que garantiza la seguridad y la convivencia de todos los españoles».

«Ahora, Sánchez y sus socios separatistas quieren romper con el orden, la convivencia y la seguridad del país», por lo que, asegura García, «cuando Alberto Núñez Feijóo llegue al Gobierno, es un compromiso del Partido Popular derogar todas y cada una de las modificaciones que atenten contra la seguridad de los ciudadanos y afecten al trabajo y protección de los Cuerpos y Fuerzas que velan por la seguridad de los españoles».

 La modificación de la normativa, además, se insiste desde el PP, no cuenta con los informes del Consejo de Estado, ni del Consejo General del Poder Judicial, ni del Consejo Fiscal, ni tampoco ha sido negociada con los representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad ni con las Comunidades Autónomas, lo que demuestra el «interés oportunista de Pedro Sánchez», que, «con tal de contentar a sus socios radicales, rompe con el necesario equilibrio entre libertad y seguridad y desarma y desprotege a las mujeres y hombres que forman parte de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado», apunta Alicia García.

 El Gobierno de Sánchez está siguiendo «una dinámica muy peligrosa», ya que con esta reforma de la ley que se está llevando a cabo se permite la grabación y difusión de imágenes de los agentes, muchas infracciones graves pasan a ser leves o se limitan las posibilidades de hacer identificaciones y cacheos, entre otros. Esto, a juicio de Alicia García, «afectará de forma muy negativa a las condiciones de trabajo de los agentes de seguridad, y se traduce a su vez en el aumento de las estadísticas de criminalidad». Ejemplo de ello, refleja García, es que se han incrementado un 13,5 % los delitos relacionados con las agresiones sexuales y se ha producido una subida muy significativa de los delitos de robos y hurtos, tanto en la calle como en domicilios, muchos de ellos con el empleo de la fuerza.

 Cabe resaltar que el Partido Popular ha presentado una Proposición de Ley para la modificación del Código Penal de los delitos de hurto y de estafa, para garantizar que la reincidencia en la comisión de, al menos, 3 delitos leves lleve aparejada la pena de prisión y no solo de multa.

 Ante esta situación y «rechazando rotundamente» la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana –que se elevará al Pleno del Congreso de los Diputados la próxima semana– la diputada popular se muestra «extremadamente preocupada» por el incremento de la inseguridad ciudadana y , así mismo, quiere expresarle su máximo apoyo a los sindicatos y asociaciones que representan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante el «empeoramiento de sus condiciones de trabajo que el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios pretenden imponerles».