El defenestrado presidente del Partido Popular, Pablo Casado, decidió que los casos de corrupción en los que se había visto envuelto su organización en etapas anteriores no iban con él y rechazaba hacer cualquier tipo de comentarios al respecto. Para Casado la corrupción era cosa del pasado e incluso se planteó la venta de la sede del partido de Génova 13 para borrar la imagen que lleva asociada. El nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va a seguir la misma senda.
Porque el fantasma de la corrupción en el PP ha reaparecido para darle la bienvenida con una nueva sentencia derivada del caso Gürtel en la que el partido ha vuelto a ser condenado como beneficiario a título lucrativo, y por dos casos que están bajo investigación por la actuación de comisionistas en los tiempos más duros de la pandemia, que tienen un punto de coincidencia, la presunta intervención en ellas de familiares de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y a los dos les ha avalado el líder de los populares. Por fás o por nefás el PP se ve complicado en casos que si no son directamente de corrupción si pueden tener consecuencias políticas por los fallos de la responsabilidad 'in vigilando', como le gustaba decir a Esperanza Aguirre.
Por tercera vez, la Audiencia Nacional ha condenado al PP, en ese caso por la actuación de la trama Gürtel en el municipio de Boadilla donde tenían una de sus sedes delictivas y desde donde se desviaron 204.000 euros para pagar actos electorales del partido, y con los que acudió dopado a la cita con las urnas y repetir sus mayorías absolutas en Madrid. La primera sentencia derivó en la moción de censura contra Mariano Rajoy y la segunda confirmó el pago en negro de las reformas de la sede del PP.
También están judicializadas las compras de material sanitario para hacer frente a la pandemia de las que se han conocido intermediaciones bochornosas. En el caso de la Comunidad de Madrid ya ha comparecido el consejero de Sanidad ante la Fiscalía, mientras que en el caso que afecta al alcalde de Madrid, el Ayuntamiento de la capital se ha personado como perjudicado. Son dos casos bien distintos unidos por el eje común de la actuación de indeseables que han aprovechado unas circunstancias trágicas para lucrarse de forma desorbitada, pero unidos también por el hecho de que los responsables políticos han reaccionado con tardanza después de que las informaciones sobre esos asuntos saltaran a la opinión pública y por la intervención de familiares de los responsables políticos. Como dice la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, de Ciudadanos, el asunto es feo. Pero la continuidad del alcalde está a salvo de una moción de censura y además está avalado por Feijóo.
Si en el caso de la Gürtel la recuperación de los fondos depende de Suiza cuya fiscalía ha dado orden de desbloquear "íntegramente y a transferir" los más de 43 millones de euros que guardaban en bancos suizos su dinero el cabecilla de la red, Francisco Correa; el ex secretario de Organización del PP gallego, Pablo Crespo; y el extesorero de la formación, Luis Bárcenas, en el caso de los comisionistas del ayuntamiento, el juez que instruye el caso se está pensando en embargar los bienes de lujo comprados con los seis millones de comisiones que se embolsaron. Sería una medida adecuada para recuperar el dinero común.