«Históricos, inversores, con menos impuestos, al servicio de las personas y pensados para proteger a las familias y las empresas en un contexto económico muy difícil», además de «sociales, adaptados al territorio, que permiten luchar contra la despoblación y que creen en Castilla y León y en la provincia de Ávila». Así definió Miguel Ángel García Nieto, procurador del PPde Ávila, el proyecto de presupuestos de la Junta para 2023 en la provincia, el cual cifró en un montante total cercano a los 600 millones de euros, incluyendo gastos de personal y gastos y transferencias corrientes, y en 77,9 millones de euros si hablamos de los capítulos de inversiones, transferencias de capital y empresas públicas. Esto suponen destacados aumentos del 17,2% y el 60,4%, respectivamente, respecto al último presupuesto regional aprobado, el de 2021, de ahí que aplaudiera unas cuentas que dejan claro que el presidente Fernández Mañueco «cree y confía en Ávila», frente a la «humillación, el engaño y la desconfianza» hacia esta tierra del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Esta comparación entre los presupuestos de la Junta (casi 78 millones) y los del Gobierno (35 millones) estuvo muy presente en la comparecencia de los procuradores populares abulenses, que hablaron de las cuentas regionales como las del «blindaje ante la nefasta política de Sánchez». «Mientras el presidente del Gobierno castiga a Ávila, Mañueco la beneficia y cuida», destacó García Nieto, quien se detuvo especialmente en el montante que recibirá la provincia.
Con un gasto medio por habitante situado en «3.751 euros» (el anterior era 3.435) y «una apuesta decida por las tres Consejerías sociales, las de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades, «las más cercanas a las personas», García Nieto también destacó el «compromiso firme por el desarrollo industrial», con la inversión de más de 5 millones en el polígono de Vicolozano, y por «el futuro de esta tierra», en este caso con desembolsos como los 12 millones para conservación del medio ambiente, más de 5 millones para el mantenimiento de carreteras, los casi 2 millones de la Fundación del Patrimonio Natural o los casi 24 millones del Somacyl para el tratamiento de aguas y residuos. En el capítulo de inversiones también puso el acento en «los cinco millones» para la recuperación del incendio de La Paramera; «los más de cuatro millones» para equipamiento hospitalario, el «impulso» a los centros de salud y los «más de dos millones para el pago del acelerador lineal»; las inversiones en Educación, como los 1,7 millones para el pabellón del Centro Integrado de Formación Profesional, y los «cinco millones para avanzar con el proyecto de la residencia de mayores», en el área de Familia, entre otras.
A todas estas cifras, García Nieto sumó la apuesta por «una gestión pública más eficaz» y por «la reducción del déficit público», además del compromiso con «la reducción de impuestos», lo que permitirá «recaudar más». En este sentido, aseguró que los abulenses «se van a ahorrar 36,6 millones de euros» en impuestos para favorecer a «más de 10.000 contribuyentes», si bien «todos los que hagan la declaración verán cómo se baja el tramo mínimo del IRPF del 9,5 al 9».
La «protección de las personas, las familias y las empresas» en «un contexto económico difícil» fue otro de los puntos resultados por el PP, que también destaca el compromiso con«el mundo rural» a través de unas cuesntas «adaptadas al territorio», «que gastan recursos para atender a las necesidades reales» y con las que se quiere «luchar contra la despoblación» a través de «una fiscalidad favorable», del «fomento a la natalidad» y de medidas para «retener el talento».