La provincia abulense cerró el mes de marzo pasado con 150 trabajadores incluidos en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) asociados a la covid, una modalidad que expiró precisamente el último día de ese mes, tras varias prórrogas, cambios normativos y más de dos años de vigencia, y que en los peores momentos de la pandemia, con el confinamiento y el cerrojazo económico, llegó a dar protección a más de 7.300 personas. De esta manera, se acabó la historia de unos ERTE covid que situaron a esta herramienta de regulación de empleo como la tabla de salvación para muchos abulenses, cuando antes del estallido de la pandemia era un mecanismo desconocido para muchos. 

La cifra de las personas que vieron suspendido su puesto de trabajo (de manera parcial o total) por las dificultades y la incertidumbre asociados a la pandemia fue descendiendo a lo largo de los años 2020 y 2021, aunque con algún altibajo por las restricciones que fueron dejando las distintas olas de la covid. Por ejemplo, a finales de octubre pasado, antes de la entrada en vigor de las nuevas modalidades de expedientes, los trabajadores en ERTE-Covid en la provincia de Ávila eran ya 315, cifra que se redujo por debajo de los 200 al cierre del año para llegar, finalmente, a 151 al término de la última de las prórrogas establecidas por el Gobierno para dar cobertura a las dificultades económicas asociadas al coronavirus. Esos 151 trabajadores en ERTE suponen el 0,4% del total de afiliados en el régimen general en Ávila en ese mes, algunos menos de 40.000, un porcentaje por debajo de la media nacional.