Bien estará si acaba bien la renovación de cuatro miembros del Tribunal Constitucional y mejor aún si se completa en tiempo y forma, lo que es más difícil. En la parte que le compete al Consejo General del Poder Judicial, la elección de dos magistrados, ocho miembros del sector conservador del órgano de gobierno de los jueces han hecho uso de su derecho al pataleo y van a tratar de retrasar el cumplimiento de su obligación que tiene como fecha término el 13 de septiembre. Tras la intervención en la apertura del Año Judicial de su presidente, Carlos Lesmes, con su amenaza de dimisión y con la voluntad declarada de que la institución que preside no entre en una declarada insumisión al cumplimiento de la ley, ocho vocales que se han constituido en minoría de bloqueo, para manifestar su oposición a la ley –modificación de la modificación- que les permite única y exclusivamente nombrar a los magistrados del TC, y pueden lograr que se vaya a sobrepasar el límite establecido, en un nuevo desprecio al cumplimiento de las normas aprobadas en las Cortes.
Los vocales del CGPJ han contado con tres meses, desde la aprobación de la ley, para establecer las 'normas de funcionamiento' para la elección de los magistrados del TC aprobadas el pasado jueves, para pactar los nombres que obtengan el respaldo necesario y para haber cumplido el plazo establecido en la ley.
A estas alturas el desprecio al cumplimiento de las normas se ha convertido en algo habitual. Que pasen unos días o semanas para la renovación del TC no es apenas nada en comparación con los casi cuatro años que lleva el CGPJ sin que se atienda el mandato constitucional. Pero ambos casos son una muestra del escaso aprecio que tiene los dos principales partidos políticos en mantener el prestigio de las instituciones, a las que someten a sus intereses partidistas, dígase de las cuestiones relacionadas con la justicia que son las que ocupan la actualidad, o la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado cuando toca, y que en los últimos años se ha presentado fuera de plazo.
La protesta-amenaza del presidente del CGPJ a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ha surtido un cierto efecto materializado en la carta enviada al Gobierno por el responsable institucional del PP, Esteban González Pons, con el ofrecimiento de una nueva negociación para renovar el CGPJ y acometer después la reforma del sistema de elección de vocales. Pero lo ha hecho con tal cantidad de condiciones que lo que parece un paso adelante se queda en un nuevo memorial de excusas que hará difícil el acuerdo. En ese sentido lleva razón el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños al señalar esa circunstancia y que para alcanzar un pacto no hace falta una carta de once folios sino una llamada telefónica, por cuanto está perfilado y estuvo a punto de ser firmado en tres ocasiones. Al mismo tiempo, Bolaños se equivoca al rechazar, apenas recibida, la oferta de una nueva negociación que permite al líder del PP, con un argumento no exento de cinismo, que es al Gobierno a quien no le interesa la renovación del órgano de gobierno de los jueces, sino culpar al PP del bloqueo. Feijóo sabe que, si se renueva el CGPJ con la actual mayoría del Congreso y con la ley vigente deberá gobernar, si gana las elecciones, con un CGPJ -y un TC- dominado por vocales progresistas durante toda su primera legislatura. Con consecuencias previsibles.