Tan solo 24 horas después de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, anunciara a bombo y platillo su nueva ley sobre el aborto, en la que incluía una baja laboral de tres días para mujeres con reglas dolorosas y una reducción del IVA en los productos de higiene femenina, la parte socialista del Gobierno de coalición reveló ayer que el proyecto todavía estaba en período de debate, sobre todo en lo referido a los dos asuntos antes mencionados y que son los que enfrentan al PSOE y a Unidas-Podemos. A pesar de ello, la previsión de Montero es que la norma sea aprobaba el próximo martes en Consejo de Ministros.
Así, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, aseguró ayer que el Ejecutivo está trabajando «internamente» en dicha ley, que aún se encuentra «en proceso de trabajo interno en los órganos colegiados del Gobierno».
Dicho esto, afirmó que de lo que trata esta norma es de «armonizar» dos elementos orientados a mejorar la situación de las mujeres, por un lado, mejorar su protección y, por otro, impulsar su participación en el mercado laboral en «mejores condiciones». «En eso estamos, pero todavía está en proceso interno de discusión», indicó.
Para ahondar aún más la diferencia de criterio sobre este asunto entre socialistas y podemitas, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, dejó claro que el Gobierno «no va a tomar ninguna medida que estigmatice a las mujeres».
También puntualizó que precisamente se está evaluando qué medidas son necesarias adoptar y cuáles ya están cubiertas por los distintos instrumentos legislativos, dado que actualmente los médicos pueden expedir bajas laborales por reglas dolorosas.
Mientras, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no tardó en responder a las palabras de Calviño, quien expresó que lo que «estigmatiza» a la mujer no es aprobar una baja laboral por reglas dolorosas, sino «no tener la sensibilidad suficiente» para comprender que mujeres y hombres son «diferentes».
De esta forma, Díaz descartó que esta medida suponga una estigmatización y señaló que la política laboral actual está «profundamente masculinizada».
Por su parte, desde el mundo sindical, tanto CCOO como UGT consideraron procedente que se pueda conceder una baja a mujeres que tienen una menstruación que genere dolores que impidan ejercer su trabajo, si bien reclamaron que este tema se aborde en la mesa de diálogo social. «Se está hablando de una baja no por el hecho de menstruar, sino porque un hecho fisiológico produzca un dolor inhabilitante», afirmó el secretario general de CCOO, Unai Sordo.
Esperar al Constitucional
Respecto a la propia ley en sí, la secretaria general del PP y portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, aseguró que lo «responsable» sería esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el aborto y criticó que el Gobierno use este tema como «cortina de humo» para no hablar de otros asuntos.
«Hay una sentencia pendiente del Constitucional y sería responsable por parte de todos, esperar a esa sentencia para que, en base a la misma, se pueda abordar lo que haya que abordar», declaró la número dos de la formación. Gamarra se refirió así al recurso de inconstitucionalidad que presentó el PP ante el TC contra la ley del aborto del 2010 y que sigue pendiente de resolución casi 12 años después.