Un aspecto del Estado es su poder, el más fuerte de cuantos tienen las organizaciones humanas; de ahí, y aquí, la importancia de la fórmula política del Estado de Derecho, en el que el Derecho cumple con su función de control frente a todo posible abuso de poder que suponga ir más allá de los límites del propio Estado, y servir a la nación soberana como medio de defensa contra toda tentación antidemocrática, totalitaria, ideológica o material: es la importancia del Derecho como control del Estado y su defensa frente a tentaciones de abusos de poder, que la historia ha conocido. 
Nos dicen los grandes líderes de la defensa de la soberanía que uno de los tesoros que nos entrega el ejercicio de la soberanía, nacional y popular, es la dimensión del Estado como forma política que afirma la presencia del principio de igualdad, por encima de todo encasillamiento ideológico, y en su obligación de servir como defensa de la propia sociedad de la que nace y a la que constitucionalmente sirve, por encima de toda tentación dirigida a romper las bases de la convivencia nacional; la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado (art. 1.2 de nuestra Constitución).
De esta forma, el ejercicio del poder se somete a la ley, a las normas que aseguran la defensa y promoción de los valores y derechos constitucionales, las libertades y derechos que son verdaderos derechos naturales, anteriores y superiores al mismo Estado, como presencia de la dignidad humana y cuya defensa necesita contar con la seguridad jurídica que es el fin y la razón de ser del Estado de Derecho. Es importante cumplir con la dimensión democrática de la sociedad que nos hemos entregado unos a otros para que las opciones políticas y humanas no sirvan a intereses que de debiliten nuestra opción por el principio de igualdad en todo el territorio nacional, en un mismo lenguaje que sirva a la libertad y a la justicia.
No somos un mero episodio en la historia de la formación de nuestra nación española que pueda ser otro capítulo más en las crónicas de lo que nos pasó, ya convertidos en meros espectadores desmemoriados en el paso del tiempo y de la historia que otros dirán como debe ser admitida y leída. Nuestra nacionalidad parte del hecho constituyente en la historia de siglos, milenios, en la formación de España en suma de reinos, de lo bueno y peor, y de lo mejorable, sin nada que ocultar, censurar y guillotinar en los libros de la historia. Ya Europa, que lo somos, ha condenado toda forma antidemocrática y sus crímenes reales, documentados y que no es posible olvidar ni ocultar para que la historia tenga siempre su presencia sin olvidos, el nazismo y comunismo. Hay una dimensión política de la evolución constitucional que siempre da coletazos en el mar de la conciencia social: “ir a la justicia por la libertad, o a la libertad por la justicia”, como frase que desde el inicio del estudio del derecho se nos ofreció a nuestra generación en transición por hacer real la paz y justicia social, y que siempre está en la opción social de filósofos juristas y políticos.
En la vida constitucional, siguiendo con el sabio diccionario de la real y mundial Lengua Española, no falta la presencia de dimensiones sociológicas, políticas e ideológicas acerca de la garantía los derechos fundamentales, los deberes constitucionales y su presencia en el Estado de Derecho, en una magnitud que no admite vacaciones ni tiempos muertos en el servicio a la sociedad española, en la solución de problemas que no entienden de precios, desigualdades y condiciones de vida que deben ser presencia de los principios de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político reales. El llegar a fin de mes no hace distinciones, en casa, familia, pueblo, de la comunidad en formación de la nación que es de todos, de nuestro Estado, en nuestro territorio organizado jurídica y políticamente; soberanía en nación española y soberanía en la Unión Española.
La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es, ¡cómo pasa el tiempo!, de por el año de 1789 (26 de agosto) nos dice que dice que «El principio de toda Soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún cuerpo ni ningún individuo pueden ejercer autoridad alguna que no emane expresamente de ella.» La verdad es que esta soberanía tiene el carácter de inalienable e imprescriptible, como patrimonio de la nación; al ejemplo histórico que nos recuerda el artículo 6 de eta Declaración: “La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen el derecho de participar personalmente o por sus representantes en su formación”. Como se lee y se visualiza en los medios de comunicación/información, los tiempos y la realidad nos dan la dimensión y magnitud de nuestra presencia en la nación española, nuestra y no de otros, .