El sector de centros y servicios de atención a personas con discapacidad, que agrupa a entidades sin ánimo de lucro y a empresas que se nutren (en mayor o menor medida) de presupuestos públicos, se encuentra en una situación de "conflicto" por "el bloqueo en la negociación del convenio colectivo", según denunció este martes CCOO, que ha "judicializado" un proceso que, precisamente, tiene la vista prevista para este miércoles, día 5 de octubre. CCOO denuncia la precariedad laboral que existe en el sector, en salarios y condiciones, y la "pérdida de poder adquisitivo" que se produciría con la última propuesta planteada por la patronal.
Según informó la agrupación sindical, el convenio colectivo que está en vigor garantizaba un incremento salarial mínimo para 2022, una vez agotado el plazo de negociación sin llegar a acuerdo, equivalente a la variación del IPC acumulada durante el trienio anterior, lo que supone el 6,8%, si bien "las organizaciones patronales presentes en la Mesa Negociadora no tienen intención de aplicarlo", denuncia CCOO, al escudarse en el gastro extra de la pandemia, primero, y después al hacer "otra interpretación de la cláusula". En concreto, y siempre según CCOO, las empresas del sector "interpretan ahora que ese aumento puede aplicarse a lo largo de los tres años de vigencia del nuevo convenio e incluso que puede ser un incremento medio, no igual para todos los grupos profesionales, y así su últim propuesta llevaba incrementos del 2% en 2022, del 2,3% en 2023 y del 2,5% en 2024", a lo que se une la negativa a "incluir cláusulas de revisión salarial", apuntan. CCOO explica que el espíritu del anterior texto fue que se suscribirían convenios colectivos con vigencia de tres años, con "significativos" incrementos salariales para el primer año, lo que tendría que incluir como mínimo el IPC acumulado del trienio anterior, y congelación los dos años siguientes como plazo para negociar con las administraciones los presupuestos para discapacidad y dependencia.
Además, el sindicato también denuncia que, aunque lo recoge el convenio, no se está aplicando la obligación de adecuar los salarios más bajos a las subidas del SMI que fuese fijando el Gobierno. El texto daba a la Comisión Negociadora un plazo máximo de un mes desde la publicación en el BOE de la subida salarial, pero desde que se firmó el conveino en 2019 el SMI se ha subido en tres ocasiones y "no se ha producido ninguna reunión por la negativa de las patronales mayoritarias a reunirse para este fin".
Con los salarios actuales , que "se mantienen congelados desde 2019, tres de los cinco grupos profesionales del convenio tienen salarios base por debajo de mil euros, asegura CCOO, que añade que el caso "más sangrante" es el de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo, "cuyo salario base es de 800 euros y para los que se propone un aumento del 6% en 2022", lo que supondría seguir "un 15% por debajo del SMI", algo "inaceptable" para CCOO.
El sindicato también explica que UGT y CCOO llegaron a aceptar un preacuerdo parcial en cuanto a los incrementos anuales "siempre que se mejorarse el resto del articulado del convenio" con puntos como la inclusión de "una cláusula de revisión salarial clara", si bien "las patronales no han admitido ninguna de las fórmulas presentadas". En este marco, CCOO no puede aceptar "una pérdida del poder adquisitivo que solo en 2022 podría superar el 12% desde la última subida salarial en 2019 y hasta el 16% en 2023", lo que ocurriría con la última propuesta de las empresas.
El sindicato añade que, a la mejora salarial ya mencionada, suman otras mejoras necesarias como la promoción profesional de los trabajadores con discapacidad en centros especiales de empleo; medidas de conciliación; reducir la contratación temporal y parcial no deseada; mejorar el complemento de fetividad; incentivar la formación profesional; promocionar la jubilación parcial o ampliar las causas de excedencia con derecho a reserva del puesto de trabajo.