Los procuradores del PSOE de Ávila en las Cortes de Castilla y León, Miguel Hernández y Soraya Blázquez, han justificado este miércoles la petición de creación de la comisión de investigación de las residencias en la necesidad de conocer si la gestión de estos centros de mayores durante las semanas más críticas de la pandemia fue la adecuada en la región de cara a que no vuelva a repetirse lo sucedido y a generar un modelo nuevo que no prime el negocio sobre el servicio prestado, tal y como creen que está ocurriendo en la comunidad.
Los datos oficiales aportados por el PSOE indican que en la provincia de Ávila, desde el inicio de la pandemia y hasta el 4 de mayo, los fallecimientos en residencias vinculados a la COVID-19 han sido 269, 184 de ellos confirmados y 85 con síntomas compatibles con el coronavirus. Esto supone que en nuestra provincia el 8% de las personas mayores residentes ha muerto como consecuencia de la pandemia, trasladan.
Otra cifra que llama la atención y que a su juicio merece ser investigada es el porcentaje de residentes contagiados, que en el caso de Ávila se aproxima al 30%, de manera que uno de cada tres mayores ingresado en una residencia ha contraído la enfermedad. En números absolutos han sido "1.015 de los 3.403 residentes", apuntan las mismas fuentes.
Para los procuradores socialistas también resulta llamativa la reducción de personas en centros residenciales registrada desde el inicio de la pandemia, ya sea por fallecimientos o porque sus familiares decidieron sacarlos de las residencias ante las "dudas" sobre la gestión. Así, Miguel Hernández explicó que en abril del año pasado eran 3.929 personas ingresadas en una residencia de mayores y en la actualidad hay 3.403, es decir, 526 menos, lo que representa una disminución del 13%, el porcentaje más elevado de la comunidad, en la que la reducción media de personas en residencias ha sido un 8%. "Lo único que pretende el PSOE es que se sepa la verdad de lo ocurrido" para ver "si la gestión ha sido adecuada y que no se vuelva a repetir algo parecido", insistió el procurador, quien se mostró optimista en que esta vez pueda salir adelante la petición del PSOE para crear una comisión de investigación, algo que el gobierno de PP-Cs rechazó en su momento y que ahora tiene otra oportunidad por la pérdida de la mayoría del gobierno de coalición.
Soraya Blázquez, por su parte, lamentó la "falta de transparencia" de la Junta y recordó los posicionamientos del procurador del común "avalando el interés público de conocer los efectos de la pandemia en los centros de residencias privados". En este sentido, abogó por que esta comisión sea el punto de partida para "ver qué ha fallado, qué hay que cambiar y para empezar a generar un nuevo modelo", dado que el actual es "caduco, prima el negocio" y "permite que dos tercios de las plazas residenciales de la provincia estén en manos de empresas privadas".
En concreto, en la provincia de Ávila de las 3.664 plazas residenciales para personas mayores solo 1.055, el 28,8% del total, son de titularidad pública. "No puede consentirse que el modelo residencial descanse únicamente en manos de los que quieren hacer negocio con la salud y la vida de las personas mayores", concluyeron.