Ya advirtió la ministra de Defensa que la investigación sobre el presunto espionaje a más de medio centenar de líderes independentistas y personas relacionadas con ellos depararía sorpresas en el momento en el que compareciera para dar explicaciones en el Congreso, con la sospecha de que ese espionaje habría salido del Centro Nacional de Inteligencia con conocimiento o sin él de los responsables de su dirección política y su control. Los acontecimientos se han precipitado y el Gobierno ha decidido hacer público que los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y de Margarita Robles han sido intervenidos por el mismo procedimiento, el programa Pegasus. del que se presupone que solo disponen los servicios de espionaje de Estados y sus fuerzas de seguridad, y entre ellos no se cuentan países 'hostiles' como Rusia y China sino 'amigos' como los europeos, Marruecos, Arabia Saudí o México.

El descubrimiento del hackeo de las terminales móviles de Sánchez y Robles -se investiga el resto de teléfonos de los miembros del Ejecutivo- sumado al denominado 'Catalangate' hace que el "caso Pegasus" cobre una doble dimensión: por una parte, se ha producido una brecha en la seguridad del Estado gravísima que debe ser investigada hasta las últimas consecuencias por cuanto ha podido dejar al aire secretos de Estado y, por otra, sigue viva la necesidad de que se den explicaciones sobre la intrusión en los teléfonos de los independentistas catalanes, que complica la continuidad de la legislatura. La cuestión es saber si existe una conexión directa entre ambos procesos de espionaje, que en determinados momentos se han superpuesto, y cuál ha sido la finalidad de quienes han procurado la intromisión. 

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaño, dijo que se trataba de un "ataque externo e ilícito" sin señalar quien podría estar detrás de él. Habría sido una temeridad si todavía no se puede señalar un culpable. Al mismo tiempo se retira el foco del Centro Nacional de Inteligencia. Con mucha seguridad el Gobierno ha mantenido que los servicios de espionaje españoles no se habían salido de la legalidad y que todas sus investigaciones están autorizadas por un juez del Tribunal Supremo. Un fallo en esa argumentación habría producido un cataclismo político. Pero el 'caso Pegasus' entra en una nueva etapa en la que quedan más preguntas que certezas a las que es preciso dar respuesta, sobre todo desde el ámbito político, porque la judicialización del caso implica unos procedimientos más lentos que las que requieren la confianza en una democracia plena, que no espía a los suyos y se defiende de sus enemigos.   

La tardanza del Gobierno en afrontar el caso del espionaje a los independentistas catalanes con decisión, hasta el punto que puso en riesgo la aprobación del decreto de medidas contra los efectos de la guerra de Ucrania, se entiende si ya estaba en marcha la revisión de los móviles de los miembros del Gobierno. Y se entiende menos la reacción de Margarita Robles cuando aludió a la defensa del Estado frente a los independentistas casi sin cortapisas, que no hizo sino aumentar las sospechas de los 'indepes' sobre su vigilancia al margen de la ley. Al menos en esta ocasión el PP ha sido informado con antelación, ha mantenido la unidad de acción y su queja es porque ha interferido en el gran momento de unidad entre Feijóo y Ayuso con motivo de la fiesta de Madrid.