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La Junta pide informes jurídicos antes de ir al Constitucional

SPC
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El Gobierno regional reclama la participación de las comunidades, corporaciones locales y sectores productivos en las medidas de ahorro energético del Gobierno

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (i), y el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, en las Cortes. - Foto: Ical

La Junta de Castilla y León va a encargar a sus servicios jurídicos la elaboración de informes y estudios  que analicen la posibilidad de llevar ante el Tribunal Constitucional el plan de ahorro energético aprobado este lunes por el Gobierno central. Una decisión que llega después de que este jueves, el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, fuera el primer miembro del Ejecutivo regional en valorar la medida y arremetiera duramente contra un «decreto suicida» que, según él, «se ha creado para que los españoles no puedan ver la ruina que está dejando Sánchez». Informes jurídicos que servirán a la Junta para decidir si presenta el recurso de inconstitucionalidad pedido por el número dos autonómico. Precisamente el vicepresidente fue el encargado de anunciar ayer esta decisión, y, afirmó que pedirá «los informes jurídicos pertinentes» para valorar la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional lo que denominó como «chapuza legal de Sánchez».

En un mensaje difundido a través de su cuenta oficial en la red social Twitter, el también líder de Vox en Castilla y León aseguró haber mantenido una conversación durante la mañana de ayer con el presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, en la que acordó con él pedir los dichos informes jurídicos con la voluntad de valorar la posibilidad de establecer un recurso ante el Tribunal Constitucional. Según García-Gallardo, todo se debe a lo que denomina la «chapuza legal de Sánchez», al afirmar que el presidente del Gobierno de España «impone medidas ineficaces frente a la crisis energética».

También ayer se conoció que el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha remitido una carta a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la que solicita al Gobierno de España que se posibilite la participación de las comunidades y de las corporaciones locales en las medidas de ahorro energético previstas en el Real Decreto Ley.

Misiva en la que el responsable económico de la Comunidad argumenta que en la Conferencia Sectorial de Energía, celebrada el pasado jueves 28 de julio, no se hizo referencia al contenido de la inminente aprobación por parte del Gobierno del plan de ahorro energético y «su impacto sobre multitud de actividades», más cuando estas medidas se aplican a la Administración y a diferentes sectores económicos.

Sectorial de Energía

Asimismo, el consejero trasladó a la ministra la necesidad de celebrar una reunión urgente de la Conferencia Sectorial de Energía, para así aclarar las dudas interpretativas que plantea el Real Decreto Ley 14/2022, según informa Ical. En ese sentido, hace referencia a cuestiones como la necesidad de clarificar a quién corresponde la potestad y mecanismos para controlar el cumplimiento de las temperaturas máximas, de los horarios establecidos, así como resolver las cuestiones relativas a la efectiva instalación de mecanismos automáticos de cierre de puertas, las limitaciones a partir de las 22 horas que se aplican en relación a la iluminación de carácter artístico y/o monumental de nuestras ciudades y municipios, y hasta qué hora se limita la iluminación de los escaparates y edificios públicos.

Fernández Carriedo asegura que la normativa» debiera ofrecer la seguridad jurídica para excepcionar del cumplimiento de los umbrales de temperaturas a determinados lugares y establecimientos». No obstante, hizo referencia a la solidaridad de Castilla y León con el conjunto de España en materia energética.