En su afán por evitar un distanciamiento definitivo con el independentismo catalán por las presuntas escuchas a algunos de sus líderes, el Gobierno no ha tenido pudor en poner la seguridad del Estado y sus servicios de inteligencia a los pies de los caballos. El caso Pegasus daba ayer un giro sorprendente tras la comparencia del ministro de Presidencia -convertido en el apagafuegos del Ejecutivo- y la ministra Portavoz. Félix Bolaños e Isabel Sánchez desvelaron que los móviles de Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa -y máxima responsable del CNI-, Margarita Robles, también fueron espiados con el malware de origen israelí. 

El Gobierno intenta así convertirse en víctima para desactivar la presión a la que le están sometiendo sus socios, tanto desde el soberanismo como desde Podemos, en las últimas semanas. Resulta extraño que un Ejecutivo que se niega a ofrecer a la oposición y al conjunto de la ciudadanía detalles sobre los viajes que ha realizado Sánchez con el Falcon desde que llegó a la Presidencia -alegando cuestiones de seguridad- apenas haya tardado unas horas en hacer públicas las intrusiones en las terminales del presidente y la ministra. 

Moncloa no ha esperado a la controvertida comisión de secretos oficiales ni a conocer más detalles sobre quién puede estar detrás del espionaje. En este momento del relato no parece que haya sido una «casualidad», tal y como apuntaba el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que un caso tan sórdido se haga público en una jornada festiva, con el foco político puesto en los actos del día de la Comunidad de Madrid. No ha sido el líder conservador el único en poner en cuestión el hecho de que el Gobierno informe ahora de la supuesta intrusión. Desde el independentismo catalán se considera una cortina de humo y el exvicepresidente del Ejecutivo Pablo Iglesias ha pedido las dimisiones de Robles y de Marlaska por no poder garantizar la seguridad de las comunicaciones del presidente del Ejecutivo. 

El asunto ya está en manos de la Audiencia Nacional dada su trascendencia y la gravedad del mismo. Lo preocupante es que este Gobierno, tan dado a los gestos y tan poco a las explicaciones, haya perdido la credibilidad para buena parte de la ciudadanía también en cuestiones tan delicadas como esta. 

De momento, y a la espera de conocer más detalles, el CNI ha suspendido el acto central convocado con motivo de su 20 aniversario. Su cúpula está más cuestionada que nunca y no hay que descartar dimisiones. Más allá de que se asuman responsabilidades, la seguridad del Estado y sus servicios de inteligencia no deben utilizarse en el juego político.