El Gobierno no se dio por satisfecho hoy con la declaración institucional efectuada por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en torno a la polémica por el protocolo de atención a las embarazadas en la Comunidad, al entender que siguen existiendo contradicciones con las afirmaciones de su vicepresidente de Vox, Juan García-Gallardo, y en su propio discurso, en el que "anuncia que no habrá cambios pero asegura que introducirá nuevos servicios".

Responsables gubernamentales destacaron a la agencia Ical que el requerimiento "sigue adelante" y pretenden conocer los cambios previstos en esta materia en la Comunidad, y que la Junta se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Las mismas fuentes explicaron que ese requerimiento se trasladó a la Junta ayer a las 18.50 horas de la tarde, a través de la aplicación para la Gestión Integrada de Servicios de Registro (GEISER), la "plataforma habitual de comunicación entre diferentes administraciones", tras asegurar Mañueco en su declaración de hoy que en este momento no se había recibido en la Junta.

Lejos de dar por concluida la polémica, fuentes del Ejecutivo central preguntadas por Ical, lamentaron que prosiguen los discursos contrapuestos de los dos socios de Gobierno en la Junta, "declaraciones que no aclaran qué se va a hacer en Castilla y León".

Las medidas "provida que vende Vox", indicaron, van en contra de la ley, y recordaron que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, señaló hoy que el aborto es un derecho que puede ejercer una mujer consciente y de forma libre. Además, reiteró que el Gobierno utilizará "todos los mecanismos" que el ordenamiento jurídico le permita para frenar estas políticas.

Darias recordó que el requerimiento de ayer se envió después de la carta que ella dirigió el viernes al consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, para que le aclarara el protocolo que se iba a aplicar y las instrucciones que iban a dar a los profesionales, al tiempo que le recordaba su obligación de cumplir la ley. En su respuesta, la Junta le trasladó que no había adoptado ningún acuerdo el Consejo de Gobierno, pero que se iban a aplicar las medidas anunciadas por el vicepresidente Juan García-Gallardo.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, también puso de relieve la situación de confrontación entre los socios en la Comunidad: "No hay un protocolo escrito y según parece tampoco verbal, porque no queda constancia de qué es lo que quieren hacer realmente. Es preocupante que quieran proceder a este retroceso en los derechos de las mujeres y que además no sean capaces del mínimo rigor que se exige en asuntos tan importantes".

Con el requerimiento, explicó, "el Gobierno intenta evitar que se vulneren los requisitos que claramente recoge la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que se refieren solo a la información a las mujeres de las ayudas a las prestaciones y que tres días después puedan tomar esa decisión". "No han sido capaces de aportar ningún documento al respecto, a pesar de que esto fue comunicado tras una reunión del Consejo de Gobierno de Castilla y León. Estas declaraciones manifiestan que la Junta se propone interferir en la libertad de la mujer y condicionar su decisión", añadió.

En caso de que el requerimiento efectuado no sea atendido "íntegra e inmediatamente" por la Junta de Castilla y León, el Gobierno aseguró que no descarta implementar actuaciones jurídicas adicionales, "a la vista de que las medidas anunciadas por la Junta de Castilla y León pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico", si bien los portavoces han descartado una intervención de la Comunidad a través del artículo 155 de la Constitución.