El pasado 31 de agosto, en coincidencia con el reinicio del curso político tras el periodo estival, el portal de comunicación de la Junta de Castilla y León publicaba que el Gobierno autonómico aplicará una bajada fiscal «histórica» para facilitar la actividad económica, el empleo y luchar contra la despoblación.
Asegura el acuerdo publicado que Castilla y León será la comunidad de España con mejores beneficios fiscales para la compra de vivienda en el medio rural por parte de los jóvenes, que ofrecerá las ayudas a la natalidad más altas de España en el medio urbano y rural y que rebajará el IRPF a todos los contribuyentes, ahondando en que, junto a los beneficios fiscales ya existentes, serán 2.500 millones de ahorro fiscal para las personas de Castilla y León a lo largo de la presente legislatura.
El mismo presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, ha informado que el Ejecutivo que lidera tiene en marcha dos leyes para sacar adelante las nuevas rebajas fiscales, en concreto la del IRPF del 9,5% al 9% para todos los contribuyentes y el incremento de hasta el 40% de deducción por nacimiento o adopción en el medio rural. Todo ello sumado a las ya existentes: apoyar el empleo y el emprendimiento rural, reforzar la actividad agraria y ganadera con rebaja de tasas, además del aumento de deducciones para compra de viviendas, especialmente entre el colectivo de población más joven. Junto con este paquete de medidas, el presidente ha reclamado también al Gobierno central la bajada del IVA del gas del 21% al 5%, algo que por fin parece que entrará en vigor en octubre.
Resulta evidente que todo ayuda a paliar las dificultades de no pocas familias, no lo vamos a negar. Pero a la vez, las citadas medidas también desprenden un cierto tinte electoralista más que una pretensión real de alivio en el paupérrimo bolsillo de una gran parte de la población, ya que apenas impactan en el ahorro real del ciudadano, preocupado por la posible erosión al Estado de Bienestar conseguido con el esfuerzo colectivo desde hace décadas.
La sociedad civil exige y requiere a sus gobernantes que sean más eficientes en la gestión, implantando mecanismos para que la industria política no siga consumiendo miles de millones innecesarios por su alta y excesiva dimensión. Y que, por supuesto, se considere la sanidad, la educación, la atención social y el medio ambiente los pilares esenciales para una mejor convivencia y un mayor desarrollo económico que reduzca las desigualdades. El ciudadano de a pie necesita que la clase política intervenga y cambie el rumbo en las cuestiones esenciales, dedicando los recursos imprescindibles en descubrir nuevas fuentes de energía. O sea, cuidar más el planeta que habitamos y romper con los desequilibrios sociales que persisten como los incendios en verano. Estos sí serían los bálsamos a aplicar con eficiencia si queremos reducir la herida abierta en un mundo que cabalga entre pandemias, guerras y la creciente escasez de materias primas. No mover ficha será sinónimo de autodestrucción.