El alza desmesurada de los precios es un problema generalizado en os países occidentales, pero como en otras ocasiones y en casi todos los aspectos económicos en España se deja sentir con mayor intensidad. Debe ser cuestión del sistema productivo, de la dificultad para alcanzar un pacto de rentas, de los desajustes entre oferta y demanda, del sistema de fijación de precios. Puede ser también debido a la especulación, a la falta de empatía de las grandes empresas de todo tipo con la situación que atraviesa buena pare de la ciudadanía, o a la actitud de los empresarios para recuperar el tiempo y los beneficios perdidos como consecuencia de la pandemia y los efectos de la invasión de Ucrania.  

La situación empeora porque existe la percepción de que las medidas adoptadas por el Gobierno no sirven para contener el alza de los precios, a pesar de que, si no se hubieran adoptado o conseguido alguna de ellas, como la excepción ibérica en el precio del gas, la inflación habría sido superior, y porque algunas de ellas tardan tiempo en entrar en vigor y hacer notar sus efectos. Tampoco existe una alternativa clara por parte del principal partido de la oposición para aplicar una receta de la que se pueda seguir que los precios bajarán de forma rápida cuando lleguen al poder. Todo lo reducen a una bajada de impuestos que deje más dinero en los bolsillos de los españoles, a pesar de que puede tener un efecto contraproducente y cada vez hay menos margen para ello por cuanto ya han bajado en el sector energético y los alimentos tiene el IVA reducido o superreducido.  

Interpretaciones económicas sobre las causas de la inflación y la forma de actuar para paliar la subida de los precios hay tantas como escuelas económicas y expertos que, pasado el tiempo, dirán que es lo que ha ocurrido, pero los ciudadanos que tiene que lidiar con el día a día de llenar la cesta de la compra, el pago de las facturas por los servicios habituales, o el encarecimiento de las hipotecas como consecuencia de la subida de los tipos de interés –otra de las medidas habituales cuando se trata de enfriar la economía- necesitan soluciones a corto plazo, y lejos de ver como todos los agentes políticos se ponen a trabajar en conjunto, no hacen sino exacerbar sus diferencias.  

El permanente estado de campaña electoral en el que vive nuestro país no es el mejor ambiente para que se dé la posibilidad de llegar a acuerdos entre los dos grandes partidos con el apoyo y el compromiso de los agentes económicos y sociales. Los mitificados Pactos de la Moncloa tuvieron como objetivo frenar una inflación desbocada en los primeros pasos de la Transición y arrojaron efectos positivos. Intentar una concertación similar en estos momentos parece un empeño inútil. Y eso que para intentarlo se despliega el paraguas de la Unión Europea. Los cambios en la forma de afrontar la crisis económica y de precios –y  beneficios extraordinarios de las empresas energéticas- que ha expuesto la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, podrían allanar el camino, pero pese a los llamamientos mutuos a ponerse de acuerdo sobre los distintos planes no existe voluntad política de hacerlo porque pesan más las expectativas electorales, las del PP para llegar a la Moncloa y las de los partidos del Gobierno de resistir hasta el último aliento con la esperanza de que los precios se contengan de una u otra forma.