Sostiene Pereira que una de las costumbres más perjudiciales de una sociedad consiste en suplantar la voz de los otros, a quienes previamente se los ha excluido. El caso de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes en su primera juventud es uno de los ejemplos más llamativos. Los adultos siempre encuentran en ellos inmadurez para opinar y para tomar sus propias decisiones en aquello que les concierne directamente. A veces, también, ellos y ellas, como ocurre en la Universidad, se abstienen de ejercer ese derecho y, parece, que desisten de poner en el debate social sus problemas. No siempre fue así y hubo tiempos, no hace tanto, en los que la Universidad era un hervidero de contestación social y de lucha ante lo que creían que funcionaba mal. Hoy están en calma chicha o, por lo menos, no se les oye, enfrascados quizás en esa lucha individual y competitiva por tener mejor expediente que los otros y así ocupar trabajos mejor pagados. Es lástima que la savia más joven no alimente el árbol común de la acción política en el más noble sentido de la palabra cuando es tan necesaria para cualquier sociedad. Caso diferente es el de los niños y adolescentes que conviven en los Colegios y en los Institutos en donde la democracia tiene difícil la entrada y en donde su voz apenas tiene cauces para ser dicha y escuchada. Por eso, muchos no sienten como suyo lo que allí pasa sino que lo aceptan a regañadientes como algo impuesto sin discusión posible desde la familia y desde el profesorado. No es extraño, por eso, su desencanto escolar según crecen en edad y en estatura y su abandono temprano  en muchos casos. 
Como existe esta desconfianza adulta respecto a los más jovencitos, cuando un Gobierno plantea algunos cambios para darles más voz y más responsabilidad ciudadana, surgen debates excesivamente polarizados. En ellos, vuelve a faltar la opinión de los afectados directamente. Un artículo de la magistrada Natalia Velilla en El País de hace unos días, ponía el dedo en la llaga enumerando algunos desencajes jurídicos en torno a la mayoría de edad. Valdría la pena repensarlos para evitar debates estériles como ha ocurrido últimamente con el Proyecto de Ley que permitirá a las mujeres mayores de 16 años decidir si se someten a una interrupción del embarazo sin contar con el consentimiento parental cuando a esa edad ya tienen derecho para decidir sobre una operación quirúrgica o un tratamiento médico determinado. Para más inri, a partir de 14 años, es el menor el único que tiene derecho sobre sus datos y su imagen sin que sus progenitores tengan poder de decisión sobre ellos. TicTok e Instagran permiten ser usuario a los 13 años de acuerdo al Reglamente Europeo. 
Señala la jurista que la mayoría de edad bajo la Ley Penal del Menor empieza a los 14 años al igual que para ser testigo en juicio u otorgar testamento notarial; que a los 16 años, se puede trabajar, mantener relaciones sexuales consentidas con adultos, casarse y procrear y que, a los 12 años, todos tienen derecho a ser escuchados por los poderes públicos en la toma de decisiones que les afecten. Por el contrario, señala, no se permite a los menores de 18 años fumar, beber alcohol, conducir, firmar contratos, votar o desempeñar cargos públicos. A pesar de todas estas poco lógicas reglamentaciones, otra futura norma que está proponiendo el Gobierno ha vuelto a levantar ampollas. Se trata de permitir obtener el permiso de conducir B1 a los mayores de 16 años que está enmarcada en la Estrategia de Seguridad Vial 2030. 
A la vista de este lío de edades y de que algunas de ellas como el fumar, el beber y ser escuchados, se incumplen casi siempre, sería oportuno aunar criterios para potenciar la intervención de los adolescentes en la vida pública (currículos escolares, métodos educativos, jornada laboral, becas, edificios y patios, Órganos Colegiados,  prácticas laborales, representación sindical y otros) para acrecentar su compromiso social: sus deberes y sus derechos cívicos. Por eso, no es descabellado sino todo lo contrario, pedir que la mayoría de edad para votar se rebaje a los 16 años. Si a esa edad se es maduro para trabajar y pagar sus impuestos contribuyendo al PIB del Estado; si se es para superar los retos que impone el estudio diario; si debe serlo para enfrentarse a un montón de leyes que le afectan directamente, qué menos que también pueda contribuir con su voto a estructurar la sociedad en la que vive. Y no se alegue que pueden ser manipulados, como se alegó antaño con las mujeres, porque de este peligro, como se ve a diario, ninguna edad está libre.