El anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado incluye una subida general de impuestos mucho mayor de la esperada. Porque estaba fuera de dudas, y también escrito en el acuerdo marco del Gobierno de coalición, el alza del IRPF para las rentas altas, tanto del trabajo como del capital, y del impuesto de patrimonio para las grandes fortunas. Y figuraba también entre las amenazas que se cumplen ahora el mordisco a las grandes multinacionales, al gravarse la repatriación de los dividendos de las filiales que tienen en el exterior. Pero pocos predijeron el palo fiscal para la mayoría de consumidores que también cobija el borrador presupuestario aprobado ayer en el Consejo de Ministros y que comienza ahora un trámite parlamentario que, como se volvió a interpretar ayer tras escuchar las reacciones del resto de partidos, se antoja tortuoso. El PNV ya ha advertido que no le gusta el ‘dieselazo’ y otros partidos no comparten la idoneidad en este momento de una subida del sueldo de los funcionarios, los únicos trabajadores a los que no les afectan ni los ERTE ni los despidos. 

Casa mal apelar a la justicia social para enmascarar tal estacazo tributario. Equiparar fiscalmente el diésel con la gasolina encarecerá más de dos euros llenar un depósito. Es una medida ecológica, pero impactará irremediablemente en las clases medias en un momento tan delicado. Más de lo mismo con el incremento del IVA de las bebidas azucaradas o la creación de un impuesto a los envases de plástico. También se rebajará la desgravación de los planes privados de pensiones y se encarecerán dos puntos las primas de seguros de pólizas tan comunes como las del coche y del hogar. Así, lo que aporten las grandes fortunas será el chocolate del loro. Una cosa es la propaganda y otra las cifras y las del propio Gobierno dicen, por ejemplo, que recaudará 790 millones de consumidores en 2021 al subir el diésel y los refrescos, mientras solo ingresará 144 millones por la subida del IRPF a los contribuyentes con las rentas más altas. 

España es el único país de la Eurozona que apuesta decididamente por elevar la carga fiscal en plena crisis en vez de reducirla. Y esto, en ausencia de reformas estructurales, se puede acabar traduciendo en menor crecimiento y empleo. En una coyuntura como en la que estamos inmersos, cualquier subida de impuestos, en lugar de rebajarlos como están haciendo donde no cae tanto el PIB, es inoportuna, peligrosa y puede llegar a ser contraproducente. Este aumento impositivo irá destinado a financiar el ingente gasto social creado como consecuencia de la pandemia, pero si se ponen escollos al ahorro, a la inversión y la atracción de capital, los excesos de hoy pueden ser el estancamiento del futuro.