El presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, incide, tras participar en la Comisión de Gobierno de la Federación Regional de Municipios y Provincias, en la necesidad de que el Gobierno de España «amplíe los plazos de ejecución para que las entidades locales puedan acceder a los fondos con sus proyectos y que se incorpore la financiación del IVA como gasto subvencionable en todos los casos», una demanda respaldada por la Junta de Castilla y León.
García se alinea así con la reclamación de la FRMP y del Gobierno autonómico, que han analizado el contenido de las convocatorias de fondos europeos en vigor, así como las que se abrirán próximamente en presencia de los consejeros de Presidencia, Jesús Julio Carnero, y de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.
«Todas las administraciones formamos parte de la estructura del Estado, y el Gobierno no solo debe ser consciente de ello, sino también consecuente, y dar a las entidades locales y a los gobiernos autonómico la posibilidad de gestionar fondos europeos con una sola meta: llegar a la ciudadanía mediante proyectos y servicios de interés general para el desarrollo social de nuestros territorios», explica.
Actualmente se está desarrollando un proceso intenso en lo que a gestión de fondos europeos se refiere, dado que van a confluir los procedentes de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia con fondos Next Generation, como los procedentes del nuevo Plan de Transición Justa.
Asimismo, el desarrollo futuro de los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) permitirá llevar al mundo rural proyectos importantes vinculados con el sector agroalimentario, las energías renovables, el hidrógeno verde, la economía circular, la economía social o la digitalización de los usos del agua. «Son sectores en los que la provincia de Ávila ya tiene recorrido, pero también pujanza y oportunidades que debemos aprovechar», precisa el presidente.
Por otra parte, Carlos García ha abordado la situación de escasez de habilitados nacionales (secretarios e interventores) en los ayuntamientos del medio rural, y ha pedido que «se incremente la oferta de plazas de empleo público para este colectivo de funcionarios por parte del Gobierno, porque estamos hablando de figuras esenciales para el funcionamiento de las entidades locales».
García valora positivamente que desde la Consejería de la Presidencia se estén poniendo en marcha «mecanismos para dar solución a este asunto implicando desde un primer momento a los habilitados que prestan sus servicios en la propia Consejería, al Colegio de secretarios y próximamente se hará con los ayuntamientos, diputaciones, y con las universidades públicas de Castilla y León».