El presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, ha participado en la reunión de la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos de la FEMP, celebrada de forma extraordinaria en la isla de La Palma. Allí García ha trasladado a su homólogo palmero, Mariano Hernández, «el afecto y la solidaridad de la provincia de Ávila, que el año pasado también se vio afectada por una catástrofe natural como fue el incendio de La Paramera».

Durante el encuentro de los máximos responsables de las instituciones provinciales e insulares se han abordado asuntos como el acceso a los Fondos Europeos de Reconstrucción o la vinculación de las entidades provinciales a la agenda 2030.

Además, García ha expresado «el apoyo y la solidaridad de las personas y los territorios a los que representamos hacia nuestros amigos de La Palma, que de forma inesperada se vieron sorprendidos el otoño pasado por la erupción del volcán, que fue muy larga en el tiempo y generó gravísimas consecuencias para muchas familias y para la economía local» y también ha subrayado «el extraordinario papel desempeñado por el Cabildo insular en la gestión de la crisis y de lo que es incluso más importante, el día siguiente, lo que demuestra el importante papel que las administraciones provinciales jugamos en la estructura del Estado para servir a los ciudadanos». En este sentido ha recordado «la implicación de la Diputación de Ávila y de sus técnicos y trabajadores en la gestión de la situación posterior a los incendios del pasado verano».

En cuanto a las expectativas de la reunión, el presidente de la Institución ha manifestado su esperanza de que «sea fructífera tanto en lo referente a los Next Generation EU como a la implicación de las entidades provinciales en cuanto a la implementación en el ámbito local de la Agenda 2030 como hoja de ruta en la que se incluyen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas».

Sobre los fondos europeos, recuerda que «las diputaciones venimos reclamando desde hace más de un año que las administraciones locales gestionen al menos el 15 % de las partidas asignadas a España, algo para lo que, hasta ahora, no hemos tenido respuesta del Gobierno».