Ayudas para hacer los análisis de agua a los que obliga la UE

M.E
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La Diputación anuncia que subvencionará los análisis de agua de la red de abastecimiento que la normativa europea obliga a realizar a los ayuntamientos al menos una vez al año

Ayudas para hacer los análisis de agua a los que obliga la UE

La Diputación de Ávila subvencionará, mediante la habilitación de una partida presupuestaria que será aprobada en las próximas semanas, los análisis del agua de la red de abastecimiento que la normativa europea obliga a realizar, al menos una vez al año, a todos los ayuntamientos. "Se trata de una decisión coherente con nuestra misión de auxilio técnico y económico a los municipios del medio rural abulense", señala el presidente, Carlos García, que recuerda que la norma contribuye a "concienciar en mayor medida a los consumidores sobre las implicaciones del consumo de agua de grifo, un mejor conocimiento de la información pertinente y una mayor transparencia", así como aumenta "la confianza de los vecinos en el agua que se les suministra y en los servicios relacionados con el agua, y conducirá a un incremento del uso del agua del grifo".

Como apunta el Real Decreto 3/2023 que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 11 de enero -en el que se traspone en el ordenamiento jurídico nacional esta norma comunitaria-, el texto legislativo precisa también que todas las administraciones y operadores deben asegurar una transparencia de la información relacionada con el agua de consumo de una forma accesible, como la calidad del agua de consumo, agua facturada, precio por litro, etc. "Es una labor de cierta complejidad y queremos estar al lado de los ayuntamientos abulenses que van a necesitar a la Diputación para cumplir con esta norma que, sin duda, redundará en la mejora del servicio de suministro de agua potable en sus domicilios y empresas", subraya Carlos García, que recuerda "las iniciativas y acciones que estamos llevando a cabo en relación al ciclo del agua en este mandato, en colaboración con otras administraciones como la Junta de Castilla y León", y destaca "la construcción de estaciones depuradoras en municipios de 500 a 2.000 habitantes equivalentes".