El 16 de febrero del año pasado el Gobierno remitía al Consejo de Ministros un informe elaborado, previa consulta con los diferentes registros de la propiedad, que pretendía arrojar luz sobre las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica durante el período comprendido entre 1998 y 2015 y durante un proceso legal habilitado para que la Iglesia pudiera registrar como propios aquellos bienes de su titularidad que por ser anteriores a la creación del Registro de la Propiedad no estaban inscritos como tales.
Ese informe realizado por el Gobierno recogía un total de 34.961 propiedades que las diferentes entidades eclesiales inmatricularon como propias entre 1998 y 2015, entre ellas 696 inmatriculadas por la Diócesis de Ávila.
Este informe, que surge a partir del listado remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados a partir de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en el periodo 1998-2015, fue enviado por la Conferencia Episcopal a todas las Diócesis, incluida la de Ávila, donde se ha hecho un estudio exhaustivo del mismo que ha consistido en la catalogación de los bienes, su división por diócesis y verificación de los procesos de inmatriculación en cada uno de los bienes mencionados. Este estudio, como explican desde el Obispado de Ávila, ha llevado también a detectar errores en el listado de bienes inmatriculados elaborado por el Gobierno. Concretamente, de los 696 bienes que el Gobierno atribuye a la diócesis abulense, al Obispado de Ávila solo le constan como inmatriculados durante aquel procedimiento 597. Los restantes 99, y hasta completar la cifra dada por el Gobierno, se corresponden con 84 bienes con otro tipo de inscripción eclesiástica (compraventa, donación, permuta, herencia, concentración parcelaria, etc.), y que por tanto, según el Obispado, «no deberían estar en este listado», y otros 15 sobre los que «podría haber algún tipo de error de carácter registral», como duplicados o pertenecientes a otras instituciones religiosas, «en ningún caso atribuible a una mala praxis o mala fe por parte de la diócesis».
Es más, la Diócesis de Ávila ya ha comunicado al Gobierno los errores apercibidos en su listado, recordando además que «no tiene ningún conflicto con ningún tercero que haya reclamado una propiedad como suya y que aparezca a nombre de alguna parroquia».
Tal y como explican desde el Obispado de Ávila, durante este proceso legal habilitado para inscribir por primera vez en el Registro de la Propiedad bienes, se inmatricularon «los bienes que durante siglos el pueblo católico ha construido y confiado a la Iglesia para que ésta pudiera realizar su labor», y que en el caso de Ávila constituyen el 98 por ciento de estas inscripciones, así como otros recibidos a través de legados y herencias, que se destinan a los mismos fines.