El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha elegido este miércoles al magistrado Cándido Conde-Pumpido como su nuevo presidente, tras superar en la votación a la también progresista María Luisa Balaguer por un estrecho resultado de 6 votos frente a 5.

Conde-Pumpido, del ala progresista, asume la Presidencia tras seis años como magistrado en el Tribunal Constitucional, órgano al que llegó en 2017 tras ser designado por el Senado. Desde mediados de 2022, cuando el TC vio caducar el mandato de cuatro de sus magistrados -incluido su presidente-, el nombre de Conde-Pumpido empezó a sonar como candidato a encabezar la corte de garantías, pero no ha sido hasta este miércoles que se ha hecho con el cargo.

Conde-Pumpido ha afirmado ya como presidente del TC que la Constitución Española "no permite ni la secesión ni la independencia ni la autodeterminación". Fuentes presentes en el Pleno han precisado que el ahora presidente ha hecho una breve salutación tras la votación a modo de mensaje ante los rumores de los últimos días de que con su llegada a la Presidencia se podría favorecer de cierto modo a dirigentes independentistas.

Conde-Pumpido, nuevo presidente del Tribunal Constitucional - Foto: Chema Moya

Las mismas fuentes subrayan que Conde-Pumpido ha incidido en que la propia Constitución establece la indisoluble unidad de España y que "no permite ni la secesión ni la independencia ni la autodeterminación".

Según añaden las fuentes consultadas, el presidente también ha comunicado este mismo miércoles al resto de magistrados del Constitucional que celebrará un Pleno gubernativo el próximo martes para distribuir las secciones y salas del tribunal.

Según las citadas fuentes, Conde-Pumpido se ha fijado entre sus objetivos dar salida a los más de 100 asuntos pendientes, empezando por dar respuesta a los más antiguos, entre ellos el recurso del PP contra la ley del aborto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Fiscal general del Estado con Zapatero

Conde-Pumpido (A Coruña, 1949) pertenece a una larga familia de juristas. Fue fiscal general del Estado entre 2004 y 2011, a propuesta del Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Es quien más tiempo ha ostentado este cargo.

En esos siete años que estuvo al frente del Ministerio Público, se llevó a cabo la instrucción de numerosas causas de corrupción: la relativa al 'caso Malaya', en la localidad malagueña de Marbella; la del 'caso Palma Arena', que comenzó a investigarse en 2008; y la de la trama 'Gürtel', relacionada principalmente con el PP de Madrid y Valencia.

En sus primeros años como fiscal general, la Fiscalía triplicó la presencia de fiscales en la Audiencia Nacional especializados en terrorismo islamista, tras los atentados del 11-M. De su mandato se recuerdan, entre otras, la ya famosa frase que pronunció durante una tregua de ETA y la negociación del Gobierno con la organización terrorista de que había que "mancharse las togas con el polvo del camino".

También causaron polémica unas declaraciones suyas, durante un desayuno informativo de Europa Press el 16 de abril de 2009, cuando denunció que la Fiscalía se tenía que apoyar únicamente en la Guardia Civil en relación a las listas que periódicamente pretendía presentar a las urnas el entorno de ETA, ya que la Policía, según dijo, sólo respondía a las peticiones del juez instructor, en clara referencia al exmagistrado Baltasar Garzón.

Magistrado del Supremo

Conde-Pumpido también fue magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, donde destacó por su oposición a la imputación del expresidente del Gobierno Felipe González por el 'caso GAL'.

Fue ponente de sentencias como la del 'caso Roldán' en 1999, en la que se elevaba la condena al exdirector general de la Guardia Civil de 28 a 31 años. Y llevó a cabo la instrucción de la causa contra la fallecida exalcaldesa de Valencia y senadora del PP, Rita Barberá, por la comisión de un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la Operación Taula derivada del caso Imelsa.

En la lista de casos en los que ha participado consta también el relativo a la privatización de la empresa textil Intelhorce y el caso del expresidente del Gobierno de Navarra Gabriel Urralburu, por el cobro de comisiones ilegales de constructoras.

Además, Conde-Pumpido formó parte del tribunal que condenó, entre otros, al exministro del Interior José Barrionuevo, por el caso Marey. También integró la Sala que ratificó la condena de cuatro años de prisión impuesta por la Audiencia Nacional a Alfonso Fernández Ortega, Alfon, al considerar que el explosivo que portaba durante la huelga general del 14 de noviembre de 2012 "estaba destinado a causar graves lesiones e incluso la muerte de una o varias personas que se encontrasen cerca en el momento de la explosión".

El ahora presidente del TC fue, a su vez, ponente de la inadmisión de la querella presentada contra el expresidente de Extremadura José Antonio Monago, por los 32 viajes que realizó a Canarias entre 2009 y 2011. En este caso, el Tribunal Supremo aconsejó la conveniencia de establecer una regulación "suficientemente precisa" de los viajes realizados por los parlamentarios para evitar "cualquier duda" del correcto empleo de los fondos públicos.

A lo largo de su carrera también fue portavoz de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Estuvo destinado en la Audiencia Provincial de San Sebastián y posteriormente fue presidente de la Audiencia Provincial de Segovia.

Seis años en el Constitucional

En sus seis años en el Constitucional, Conde-Pumpido ha sido ponente de varias sentencias. La relativa a la causa del asalto al Parlament de Cataluña en junio de 2011 fue rechazada. En 2019, el magistrado abogó por la absolución de los condenados al considerar que se vulneraron sus derechos. Finalmente, el Pleno dejó la ponencia en manos del magistrado Antonio Narváez, que era favorable a las condenas dictadas por el Supremo.

También ha redactado varios votos particulares para dejar constancia de su discrepancia con algunas decisiones adoptadas por la mayoría del Pleno, hasta ahora conservador.

En el verano de 2021 mostró su oposición a la sentencia que declaró inconstitucionales determinados aspectos del primer decreto de estado de alarma por la pandemia de COVID-19. En el marco de aquel debate, se vio involucrado en una polémica por la que pidió disculpas públicamente a sus compañeros del tribunal por algunas expresiones vertidas en un borrador de su voto discrepante.

Dichas expresiones, en las que se refería a sus compañeros como autores de una sentencia "más propia de un lego que del máximo interprete de la Constitución" e incluso como "juristas de salón", fueron eliminadas del voto que sumó y notificó junto a la sentencia que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Al margen, Conde-Pumpido también se mostró en contra de la decisión del Pleno de paralizar la tramitación parlamentaria de dos enmiendas impulsadas por el PSOE y Unidas Podemos por las que se buscaba modificar el sistema de elección de los candidatos al tribunal que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El pasado diciembre, el magistrado aseguró -junto a otros magistrados progresistas- que la decisión fue "insólita en la historia del Tribunal Constitucional" porque constituyó "una interferencia sin precedentes en la función legislativa". Lamentó que la deliberación y resolución de este asunto generara una división en dos bloques de los miembros del TC que trasladó a la opinión pública "una imagen de mimetismo o seguidismo del (...) del conflicto político partidista".

Además, Conde-Pumpido se mostró en contra de la prisión permanente revisable al considerar que es una medida que atenta contra el principio de la dignidad humana.

Se opuso también a la sentencia del Constitucional sobre el impuesto de plusvalías porque, a su juicio, "provoca un vacío normativo innecesario y desequilibrado que beneficiará a quienes, aún habiendo obtenido importantes plusvalías, no se verán obligados a pagar el impuesto". Para el magistrado, se debería de haber dado un plazo al legislador para que pusiera en marcha un sistema alternativo al actual.