Cuatro años de cárcel y 5.000 euros de multa. Ésa es la pena que el Ministerio Fiscal solicitó este viernes en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial para A.P.M., acusado de un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancias que, como es el caso de la cocaína, causan graves daños a la salud. La defensa del acusado, por su parte, pidió su libre absolución al considerar que la cantidad encontrada a su defendido (algo más de 30 gramos de cocaína de alta pureza y 1.385 euros en efectivo) eran para «consumo propio».

Los hechos juzgados se remontan a noviembre de 2018, cuando la Guardia Civil, alertada de la posibilidad de que en la vivienda del acusado, localizada en el paraje conocido como 'La Orden', en Santa Cruz delValle, podría estar traficándose con estupefacientes.

Ante esta hipótesis, los agentes pusieron en marcha la Operación 'Déjà vu', con vigilancias a la vivienda del acusado.

Así lo explicaron los tres agentes de la Benemérita que asistieron al juicio en calidad de testigos y que fueron parte de esa operación, tanto durante las vigilancias como en la posterior detención del ahora acusado.

Según explicaron los tres agentes ante las preguntas formuladas desde el Ministerio Fiscal en su comparecencia, la vivienda del acusado se encuentra retirada de otras construcciones, lo suficientemente alejada como para deducir que el tráfico de vehículos que se producía en sus inmediaciones en horas nocturnas de los días en los que se llevó a cabo la vigilancia podría estar relacionado con el tráfico de estupefacientes.

Así, a preguntas del fiscal, los agentes acordaron que alguna de las cuatro noches en las que se llevaron a cabo la vigilancias (los días 16, 17 y 18 de noviembre y 12 de diciembre de 2017), se contabilizaron hasta 19 vehículos en apenas cuatro horas, uno de los cuales, además, pudo comprobarse que era propiedad de una persona relacionada con el consumo de drogas.

Todos estos movimientos, explicaron los agentes, correspondería «con el trasiego de vehículos propio de un punto de venta de droga».

Después de estas vigilancias, el 9 de enero de 2017 los agentes se decidieron a realizar un seguimiento al coche del acusado, después de comprobar que se dirigía hacia  Talavera de Reina, zona a la que, explicaron, es frecuente que acudan aquellos que quieran «hacer acopio» de droga. 

«Eso nos hizo alertarnos y decidir que el motivo de su desplazamiento podría ser ése», prosiguió explicando el sargento responsable de la operación, que recordó también cómo el acusado paró en un mesón en la N-502. 

Allí, los agentes pudieron presenciar cómo el acusado se reunió en el interior del establecimiento con una mujer y cómo, tras permanecer poco tiempo en el mesón, abandonaron el mismo tomando él dirección Arenas de San Pedro y ella, Talavera de la Reina.

Finalmente, los agentes detuvieron al sospechoso en el cruce de la N-502 con la CL-501, enRamacastañas. En la inspección del vehículo, se encontró la droga: 31,81 gramos de cocaína con una pureza del 72 por ciento y toda ella en una misma bolsa, y una papelina de algo más de un gramo con una pureza del 82 por ciento. Todo ello con un valor tasado en 2.581 euros. Así como 1.385 euros en efectivo.

El hecho de la cantidad en sí de la droga encontrada y el lugar donde fue localizada (oculta en el forro de la chaqueta del acusado), fueron dos de los motivos que esgrimió el Ministerio Fiscal a la hora de asegurar que no podría ser para consumo propio, como alegó la defensa del mismo.

«Una sustancia de esa pureza está destinada a ser mezclada y aumentada en cantidad», argumentó el fiscal, que se basó también en la falta de ingresos del acusado, que sería, aseguró, incapaz de abonar la cantidad necesaria para comprar tal cantidad de droga para su autoconsumo.

«Ni es una casualidad», dijo el fiscal sobre la detención del acusado, fruto de una investigación policial, «ni es un hecho aislado».

Se refería el fiscal al hecho de que sólo tres meses después de esta detención, al acusado se le detuvo con 50 gramos de cocaína, un hecho por el que ya ha sido juzgado y por el que pesa sobre él una condena de dos años de momento suspendida.

Por su parte, la defensa del acusado insistió en el autoconsumo y pidió a la sala que se tuviera en cuenta únicamente lo acaecido el 9 de enero, cuando su cliente fue detenido, y no las vigilancias y pesquisas realizadas previamente.