Empleados de la Administración de Justicia de Ávila se concentraron este viernes en la sede de los juzgados contra «la imposición por parte del Ministerio de la Ley de Eficiencia Organizativa (LEO) actualmente en tramitación parlamentaria» que, señalan, implicará modificaciones de las condiciones laborales sin negociar con los representantes de los trabajadores. La concentración fue convocada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la administración de Justicia.

Esta concentración es la primera de un calendario de movilizaciones que continuarán, señalan desde el sindicato, hasta que el Ministerio de Justicia se siente a negociar la futura LEO y se comprometa a solucionar los problemas históricos que arrastra la justicia española. En concreto, los empleados de todos los juzgados de España están llamados a concentrarse de nuevo el 16 de diciembre a las 10,30 horas.

CSIF denuncia que, tras el acuerdo salarial firmado con CCOO y UGT «que agrava la pérdida de poder adquisitiva arrastrada desde 2010», el Ministerio de Justicia pretende poner en marcha la LEO (creación de los tribunales de instancia, la oficina judicial y las nuevas oficinas de justicia en los municipios) «sin tener en cuenta la posición de los trabajadores y, por tanto, vulnerando la negociación colectiva».

Esta norma, actualmente en trámite parlamentario y que se aprobará en los próximos meses, «supone que los complementos retributivos, jornada, horarios, la distribución de las plazas, las funciones y tareas de cada uno de los servicios y de cada puesto, la provisión y las opciones de elegir diferentes destinos vendrán ya predeterminados a la mesa de negociación por los criterios aprobados entre el Ministerio y las comunidades autónomas».

La prioridad para CSIF sería dotarla de «más y mejores medios para hacerla más ágil y más eficaz para el ciudadano». «Hay un déficit de 22.000 plazas, desde jueces a personal de auxilio judicial; hay equipos informáticos que no funcionan y desfasados, juzgados que se caen a pedazos y una plantilla totalmente sobrepasada que defiende sus condiciones laborales porque hay riesgo real de que empeoren», aseguran.

CSIF lamenta que son los ciudadanos, «una vez más, quienes pagan las consecuencias soportando una justicia lenta y excesivamente burocrática».

Por último, califica de «inaceptable» que los funcionarios de Justicia «tengan que ser los paganos del nuevo modelo organizativo que pretende imponer el Gobierno», y recuerda que los trabajadores de la administración de Justicia «son quienes velan por un servicio esencial para el ciudadano».