El Comisionado de Transparencia de Castilla y León ha registrado en las Cortes Autonómicas la memoria correspondiente al año 2021, que se presentará ante la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común en las próximas semanas. En el sexto año de funcionamiento de la entidad se presentaron 495 reclamaciones -166 más que el año anterior-. Del total, 373 tuvieron su origen en la falta de acceso a la información solicitada a entidades locales (un 75,4 por ciento), de las que 310 correspondieron a ayuntamientos, 47 a entidades locales menores, 15 a diputaciones provinciales y una a una mancomunidad.

Casi una cuarta parte de las reclamaciones dirigidas a entidades locales fueron presentadas por cargos representativos de las mismas (121), de las cuales 94 fueron formuladas por concejales de ayuntamientos, 24 por vocales de juntas vecinales y tres por diputados provinciales. En cambio, 107 reclamaciones se presentaron frente a la Administración autonómica.

La causa de 379 de las reclamaciones planteadas -tres de cada cuatro- fue la ausencia de respuestas a las peticiones de información hechas ante las propias administraciones. En el caso de las 116 formuladas frente a denegaciones expresas de la información los motivos argumentados para ello de forma más frecuente fue la protección de datos personales, el carácter abusivo de la petición, la necesidad de volver a elaborar la información solicitada y el perjuicio para intereses económicos y comerciales.

Cuatro de las materias que dieron lugar a un mayor número de impugnaciones ante la Comisión de Transparencia fueron las relativas a las actuaciones de carácter urbanístico, empleo público, la información económica y de contratación, así como la protección del medio ambiente.

En relación con las solicitudes de información pública presentadas por los ciudadanos, se observó un crecimiento notable de las dirigidas no solo a los servicios de las nueve consejerías de la Junta, sino a las presentadas ante las diputaciones provinciales, ayuntamientos de mayor tamaño y universidades públicas. Las facilidades ofrecidas para la presentación de las solicitudes por vía electrónica y la eliminación de la exigencia de requisitos no previstos en la Ley para presentar una solicitud de información, contribuyeron a este incremento, según el Comisionado.

La mejora de la tramitación de estas peticiones, garantizando su correcta identificación como solicitudes de información pública, también habría ayudado a este aumento en el número de peticiones de información. "No obstante, todavía hay administraciones con un tamaño relevante que afirman recibir pocas o, incluso, ninguna solicitud de información pública", señala la memoria.

El porcentaje de las solicitudes que fueron estimadas expresamente por las correspondientes entidades públicas fue del 71 por ciento, ligeramente por debajo del año anterior, cuando alcanzó el 73 por ciento. En el caso de la Administración autonómica este porcentaje de estimaciones expresas fue más alto (un 76 por ciento).

Con carácter general, algo más de siete de cada diez solicitudes de información presentadas que fueron computadas como tales resultaron estimadas expresamente. Este alto porcentaje de estimaciones, señalan desde la entidad, "continúa siendo revelador de la importancia de que las peticiones de información, con independencia de la forma en la que se presenten y de su autor, sean tramitadas de conformidad con el procedimiento legalmente previsto".

Resoluciones

La Comisión adoptó 260 resoluciones en 2021 (nueve más que el año anterior). De estas, 148 fueron estimatorias y 51 tuvieron como contenido la declaración de la desaparición del objeto de la reclamación, al ser concedida la información cuya denegación había sido impugnada. 

En cuanto al resto de resoluciones, 33 fueron de inadmisión, ocho tuvieron un sentido desestimatorio y 20 declararon el archivo de la reclamación por otras causas.