Tras la repercusión que me consta tuvo la primera parte del artículo, publicado en la edición del pasado 12 de abril, no pude por menos que, como persona analítica, reflexionar profundamente sobre mis palabras y la réplica pública que tuvieron en éste mismo Diario.
Así, me decidí a consultar diversas fuentes y perspectivas, para confirmar si, efectivamente, estaba en lo cierto, y la gran mayoría de los ciudadanos de este País trabajamos a pérdidas, sobre la base del sistema impositivo y de la gestión que se hace de lo Público.
En primer lugar, comencé a indagar sobre la tributación del IRPF en nuestro entorno. Descubrí, para mi sorpresa, que el tipo marginal máximo del IRPF español supera en más de 10 puntos la media europea. No lo digo yo, sino que los expertos en materia fiscal han recogido esas informaciones. Por citar algunos ejemplos, la Tax Foundation, lo refleja en su informe 'Top Personal Income Tax Rates in Europe'. En sentido similar, la OCDE recoge esa realidad en su informe 'Taxing Wages'. También, grandes consultoras como EY, en su 'Worldwide Personal Tax and Immigration Guide 2021-22'.
Sepan Ustedes que el tramo que grava a las rentas más altas alcanza en España el 54%, mientras que la media en los países del entorno europeo está en el 43,3%. Numerosos estados en los que no existe duda acerca tanto de su conciencia fiscal como de su sentido del bienestar social, como son Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Noruega o Italia, se alejan del marginal del 50% de tributación en IRPF.
Es más, en España, dicho marginal máximo se aplica a los contribuyentes que perciben nada más que dos veces y media el salario medio, mientras que en el entorno de la Unión Europea ese umbral se sitúa a partir de cuatro veces el salario medio.
La consecuencia directa de ello es que las clases medias (entre las que se encuentran empleados por cuenta ajena y propia), son los principales perjudicados de estas medidas, muy al contrario de lo que históricamente manifiesta la izquierda, pretendiendo gravar a «los ricos».
Las políticas del Gobierno, además, castigan a los ahorradores. Conforme al informe de la Tax Foundation denominado como 'Estate, Inheritance, and Gift Taxes in Europe' pone de manifiesto que la tributación del ahorro en España es un 40,9% peor que en el promedio de la Unión Europea, y un 39% menos competitiva que en el promedio de la OCDE.
No debemos olvidar tampoco el gravamen adicional que supone el Impuesto sobre el Patrimonio para muchos ahorradores medios en España, los cuales, después de toda su vida dedicada al trabajo por cuyos rendimientos ya tributaron, ven como sus bienes se gravan nuevamente.
Lo cierto es que los vecinos de otros Estados Miembros de la Unión Europea no se encuentran en esa situación, ya que no existe ningún país de la UE que tenga un Impuesto sobre el Patrimonio como el de España. En Europa, solo está presente en Noruega y en Suiza con unos tipos significativamente más bajos que en España, y en los últimos años lo han suprimido Austria y Dinamarca (1995), Alemania (1997), Finlandia (2006), Luxemburgo (2006), Suecia (2007) y Francia (2018).
Por si lo anterior no les pareciera suficiente, agárrense que vienen curvas. El principal indicador que verdaderamente refleja lo que le «cuesta» a los ciudadanos pagar sus impuestos en contraste con las rentas que perciben, es el denominado «Índice de Frank» que mide el esfuerzo fiscal del ciudadano. De acuerdo con el informe del Círculo de Empresarios denominado 'Una reforma tributaria que impulse la competitividad', el menor número de contribuyentes, el mayor paro, la mayor economía sumergida y una progresividad del sistema por encima de la de países del entorno abocan a que los «paganinis», permítaseme la expresión, realicemos un esfuerzo mayor que el de otros Países de nuestro entorno.
El esfuerzo fiscal en España es del 0,18% de la renta disponible per cápita, siendo la media de la Unión Europea del 0,17%. Además, el esfuerzo fiscal efectivo, es decir, sobre el porcentaje de la renta disponible per cápita respecto a la población ocupada, es del 0,59% en la UE, mientras que en el caso de España alcanza el 0,68%.
Lo anterior, debe de ser comparado con el PIB de España en el 2021. A nadie se le escapa que, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, los datos macroeconómicos de España se encuentran a la cola de los Países de la Unión Europea, incumpliéndose reiteradamente las previsiones de crecimiento (ya advertido hace más de un año por el Banco de España). Concretamente, nos encontramos 6 puntos por debajo del PIB en el 2019. No hay dudas, pues, de que la situación económica es nefasta.
Sin embargo, tal y como anunció la Ministra de Hacienda a principios de este año, se batió el récord de recaudación en el 2021, alcanzándose los 232 mil millones de euros. Este año, con la inflación cada vez más cercana del 10% y la subida del precio de la energía, se superará de largo esa cifra. Todo ello, a costa del ciudadano, que sin duda ve como gran parte de su salario se dedica al pago de impuestos.
Según los datos de la Fundación Civismo, que elabora el informe sobre el denominado «día de la liberación fiscal», en el 2021 los españoles trabajamos, de media, 193 días para pagar nuestros impuestos. Más allá de medio año dedicado al pago de impuestos. Además, la Fundación advierte que si no se reduce el gasto público, se corre el riesgo de retrasar el Día de la Liberación Fiscal hasta una semana después que este año para el período 2022-2023.
Como de costumbre, la solución del Gobierno a la situación es siempre la misma: ninguna. Pese a las reiteradas peticiones de deflactación de la tarifa del IRPF por varios partidos de la oposición y por expertos, como el Presidente del Consejo General de Economistas, no se atisba la más ligera intención de reducir los impuestos al ciudadano. La táctica está clara: ordeñar la vaca hasta que ya no de mas leche. Y es que, como ya les anunciaba, la situación es insostenible, y los efectos en los ciudadanos van a ser muy graves a corto y medio plazo, y mientras el Gobierno ni está ni se le espera.
Y claro, aun siendo esa la situación, respecto de reducir el gasto y de eliminar los cargos de libre designación, nada bueno se puede esperar del Gobierno. Van en aumento.
Tampoco se puede esperar dedicar tiempo y medios económicos a los miles de empresarios y autónomos que están cerrando sus actividades y que trabajan a pérdidas, porque esta es la realidad. Y si no, que se lo pregunten a los afectados, no a los Cargos Políticos, porque éstos bien agarrados están a la «Teta del Estado».