El caso Fórum-Afinsa, la mayor estafa piramidal de la historia reciente de España sigue sin resolverse 16 años después, y los afectados, más de medio millón en todo el país, reclamando que se les devuelva su dinero. En la provincia de Ávila más de 500 personas perdieron sus ahorros después de que estas empresas financieras fueran intervenidas judicialmente acusadas de delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales e insolvencia. Y aunque los responsables cumplen condena los afectados no han recuperado prácticamente nada de lo invertido en estas empresas. Por ese motivo, la Agrupación Nacional de Víctimas de la Intervención de Fórum y Afinsa (ANVIFA) no ha dejado de moverse para pedir que se les resarza de los daños causados y para recordar que pese al tiempo pasado la situación sigue siendo «muy dramática» para muchas de los estafados.
La última concentración tuvo lugar este mismo jueves en Madrid, frente al Congreso de los Diputados, y a la misma se unieron también afectados abulenses, que se unieron a la petición de ANVIFA de exigir que el Gobierno cumpla la recomendación del Parlamento Europeo de «resarcir los daños causados» a las 500.000 víctimas de la intervención. No en vano, desde esta asociación nacional de afectados recuerdan que tras la comparecencia en Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo del presidente de ANVIFA el 21 de enero de 2020 y posteriormente el 13 de abril de 2021, el órgano parlamentario de la EU recomendó al Gobierno de España resarcir a los consumidores afectados por los daños sufridos tras ola intervención de Fórum y Afinsa el mayo de 2006. Sin embargo, los afectados lamentan que pese a la recomendación parlamentaria el Ministerio de Consumo y el Ministerio de Hacienda «se niegan a ello, alegando que son empresas de carácter mercantil lo que viene a contradecir, aseguran desde esta asociación, el argumento que Hacienda utilizó en su día para la intervención y colapso de las empresas, manteniendo entonces que las mismas eran financieras.
En la concentración de este jueves, los afectados exigieron al Gobierno que cumpla la recomendación del Parlamento Europeo y que se cumpla la ley, de modo que si estas empresas eran mercantiles las administraciones concursales deben contabilizar las operaciones realizadas por las filatélicas como compras y ventas, según sean, desde el primer día de la intervención, bajo el principio de empresa en funcionamiento, tal y como indica la ley de 1990 por la que se aprueba el PGC vigente al día de la intervención y para reflejar una imagen fiel de estas empresas.
Al margen de esta concentración, los afectados tienen previsto iniciar una campaña de recogida de firmas que también se llevará a cabo en Ávila.