El Ministerio de Educación y Formación Profesional aplazará un año la nueva Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) para "alcanzar el mayor consenso posible", según han informado fuentes del Ministerio.

Tras la reunión este viernes de una comisión técnica, quince comunidades autónomas, a excepción de la Comunidad de Madrid y de Castilla y León, han solicitado que se prolongue un año el periodo de implantación del nuevo modelo.

Con el objetivo de alcanzar el mayor consenso posible, el Ministerio ha optado por dar más espacio a la implantación del nuevo modelo, por lo que la prueba completa estaría completamente instaurada en junio de 2028, en vez de en 2027.

Este aplazamiento está previsto que sea oficial en la próxima Conferencia Sectorial de Educación, que se celebrará el próximo 13 de diciembre, ya que la comisión técnica celebrada este viernes no es un órgano decisorio.

La propuesta inicial de la nueva EBAU fue presentada el pasado mes de julio por la ministra Pilar Alegría. Estaba previsto que, oficialmente, los cambios de la nueva evaluación empezaran a introducirse paulatinamente en junio del 2024.

Además, el Ministerio tenía pensado realizar entre abril y junio del próximo año una prueba piloto de la nueva prueba de acceso a la Universidad.

Numerosas críticas

El aplazamiento de la nueva EBAU viene después de las críticas recibidas por parte de varias instituciones al documento inicial propuesto por Educación. En concreto, la Real Academia Española (RAE) advirtió de las "insuficiencias" que contiene la propuesta del Ministerio y compartió el "malestar" de un grupo de coordinadores de las pruebas de acceso a la universidad de varias comunidades autónomas.

En la nueva propuesta de prueba de acceso, los alumnos habrán de contestar a 25 preguntas de tipo test y no podrán sobrepasar las 150 palabras en cada uno de los textos que redacten. En este sentido, la RAE considera que "pierden el lugar preponderante que hasta hace poco tenían la reflexión y la argumentación lingüística, la capacidad para compendiar y ordenar discursos, así como la interpretación, la valoración y el análisis de los textos literarios".

También alertaba de que la prueba de acceso evalúa conjuntamente competencias de "múltiples" materias: Lengua, Literatura, Historia y Filosofía, además de las que corresponden a la lengua extranjera elegida y a la lengua cooficial de las comunidades autónomas que la posean.

Por su parte, especialistas de Lengua Castellana y Literatura en las pruebas de acceso a la Universidad de sus respectivas comunidades autónomas rechazaron la propuesta de la reforma de las pruebas avanzada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Aunque están de acuerdo en que las pruebas "necesitan una revisión profunda" y en que deben ser "más competenciales y menos memorísticas", creen que esta propuesta "esconde una reducción inadmisible de los contenidos que sustentan las competencias, especialmente en el caso de las lenguas, que se limitan a servir como mero instrumento de expresión".

En una petición publicada en Change.org, los coordinadores del examen de Lengua advierten de que el documento del Ministerio "agrupa" las pruebas de Lengua Española, Lengua Cooficial, Lengua Extranjera, Historia e Historia de la Filosofía. "El potencial atractivo de una prueba interdisciplinar, aparentemente orientada a evaluar la madurez y el juicio crítico de los estudiantes, se desvanece al analizar su estructura", dicen.

La Asociación de Escritores con la Historia también ha mostrado su rechazo a la nueva evaluación y ha advertido de que el nuevo modelo, respecto al estudio de la Literatura en Bachillerato, contribuirá a "crear españoles ignorantes de sus brillantes tradiciones literarias".

En un manifiesto, la asociación critica la propuesta que plantea la evaluación conjunta al considerarla "un ataque a la escuela pública" y "a la futura libertad de nuestros estudiantes, especialmente de los que provienen de entornos más desfavorecidos".

La propuesta inicial de Educación

Las prioridades de la primera propuesta de Educación, que contiene menos exámenes y un ejercicio de madurez, eran "el respeto de la autonomía de las administraciones educativas y universidades y una implantación gradual, pautada, del nuevo modelo, dirigida a generar tranquilidad a la comunidad educativa".

En el documento, el Ministerio aboga por que en los cursos 2023/2024, 2024/2025 y 2025/2026 se establezca un modelo en tránsito, que con el aplazamiento se retrasaría un curso. Propone que los estudiantes realicen un total de 4 ejercicios, contando cada uno de ellos un 25% de la nota.

Serán tres ejercicios de materias -uno específico sobre la materia de modalidad obligatoria de la elegida por el alumno (Matemáticas II o Latín II, por ejemplo), además de los ejercicios de las materias comunes de Historia de la Filosofía e Historia de España- y un cuarto ejercicio de carácter general, en el que "en estos tres primeros cursos se valorarán principalmente las destrezas asociadas al ámbito lingüístico, y que pretende evaluar principalmente la madurez académica del alumnado".

Ya a partir del curso 2026/2027 (del 2027/2028 si se hace oficial el aplazamiento) el citado ejercicio general de madurez supondrá un 75% de la nota, pasando a sustituir completamente a los ejercicios de las materias comunes, "puesto que se construirá sobre las competencias específicas de todas ellas". Se mantendrá el ejercicio específico de modalidad (con un peso del 25% de la nota). Por tanto, a partir de este momento, el alumnado realizará dos ejercicios: uno más globalizado y otro de materia.

En todos los casos, el ejercicio general de madurez constará de un dosier formado por una serie de documentos (textos, imágenes, infografías, gráficos, tablas, audiovisuales, etc.) que girarán en torno a un mismo tema, y en el cual se pedirá al alumnado que realice un análisis desde diferentes aspectos y perspectivas, respondiendo a diversos tipos de preguntas (cerradas, semiconstruidas y abiertas).

El PP no participará en más reuniones

Por su parte, el Partido Popular ha anunciado que no participará en más reuniones con el Ministerio de Educación y Formación Profesional para tratar la nueva Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad, para la cual reclama que sea una prueba única para toda España "que garantice la igualdad de oportunidades".

Así lo ha manifestado este viernes el PP en un comunicado emitido después de una reunión técnica con el Ministerio, que ha decidido, tras la solicitud de quince comunidades autónomas, a excepción de la Comunidad de Madrid y Castilla y León, que se prolongue un año más el periodo de implantación del nuevo modelo.

Tras la reunión, la vicesecretaria de Políticas Sociales del PP, Carmen Navarro, ha subrayado que los gobiernos autonómicos del partido "siempre han acudido con espíritu constructivo" a las reuniones convocadas por el Ministerio para tratar la cuestión de la nueva prueba de acceso a la Universidad que se está diseñando.

No obstante, ha lamentado que ninguna de las reivindicaciones "de peso" que ha formulado el PP y que considera necesarias para "no devaluar" el sistema de acceso a la Universidad han sido atendidas, al tiempo que ha recordado que no comparten el sistema que plantea el Ejecutivo, que "ha recibido multitud de críticas".

El PP ha advertido de que la ministra Pilar Alegría "quiere una prueba centrada en un ejercicio general de madurez que sea fácil de aprobar (con una ponderación del 60%), en la que se incluirán todas las materias lingüísticas, Historia de España e Historia de la Filosofía; además de un ejercicio sobre la materia de modalidad elegida por el alumno, que supondrá el 40% restante"

Para los populares, la prueba sigue manteniendo, por tanto, "lo sustancial de una reforma que ha suscitado la reacción en contra de la comunidad educativa y de diversas instituciones, como la RAE, el IEC, la Red Española de Filosofía y los coordinadores del examen de Lengua Castellana y Literatura que, además, solicitan la retirada del borrador elaborado por el Ministerio porque se ha planteado sin ningún diálogo y supone una reducción inadmisible de los contenidos y la exigencia"

"Si esta iniciativa del Gobierno prospera aumentarán las desigualdades en el acceso a la Universidad entre los estudiantes, simplemente por el hecho de residir en una comunidad autónoma u otra, por su difícil objetivación y más complicada homologación", ha señalado Carmen Navarro.

Asimismo, ha criticado que el Ministerio de Educación "pretende vender la idea de que se está trabajando de manera conjunta con las comunidades autónomas en una nueva selectividad, cuando la realidad es muy distinta".

Por otra parte, ha incidido en que la aprobación de la LOMLOE "ha sido un retroceso a la hora de evaluar los conocimientos y de dotar las competencias necesarias con unos currículos complejos e indeterminados".

El PP propone una prueba que "garantice que el talento y el esfuerzo se vean recompensados para evitar la ruptura del principio de igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios universitarios entre los jóvenes españoles, basada en unos currículos comunes de Bachillerato". Además, presentará una moción que defienda esta postura en todos los parlamentos autonómicos para su debate y votación.