El Grupo Parlamentario Socialista teme que las inspecciones de la Junta a los centros residenciales de Castilla y León, para comprobar el estado de las instalaciones y ver si cumplen con las medidas recogidas en el protocolo para prevenir contagios de COVID-19, continúen “escaseando” al asegurar que la Gerencia regional de Servicios Sociales solo cuenta con cuatro funcionarios en el servicio de Inspección. 

La portavoz de Servicios Sociales del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes, Isabel Gonzalo, subrayó que la labor inspectora es “fundamental” para garantizar que las personas mayores estarán bien atendidas. “Si la administración no obliga a las residencias a cumplir con esta obligación ni se les sanciona por contar con un personal insuficiente, causado por las bajas”.

En este sentido, Gonzalo recordó que el decreto presentado en las Cortes a finales de junio con las medidas extraordinarias para la atención social en los centros residenciales, tanto de mayores como de personas con discapacidad, contó con la abstención del PSOE. No en vano, precisó que el documento no recogía tres puntos que su grupo consideraba “claves” como las ratios de personal, la labor instructora y la coordinación sanitaria.

“Ojalá nos equivoquemos pero si repunta la pandemia con la llegada del invierno no tengamos problemas, otra vez, en las residencias por la falta de personal”, expuso. Y es que la portavoz socialista de Servicios Sociales declaró que los trabajadores enferman y causan baja y, en la actualidad, no hay una bolsa de enfermeros. “Estamos en una situación muy precaria en las residencias por que si falla el personal falla la atención”, subrayó. De ahí que reclamara no hacer rotaciones de personal para evitar posibles contagios de coronavirus

Isabel Gonzalo lamentó, según recogió la Agencia Ical, que la Junta no facilite la información sobre la situación de las residencias de la Comunidad. Puso el ejemplo que el PSOE desconoce si funcionan las unidades de convivencias en los centros de mayores para separar a los residentes si fuera necesario ante un brote. 

Balance "muy negativo"

La coordinadora de Servicios Socialista, Nuria Rubio, calificó el balance del primer año de Gobierno de la Junta en la materia de “muy negativo”, después que considerar que no ha estado a la altura de las circunstancias para hacer frente a la “mayor” crisis sanitaria de la historia. “No tienen capacidad de prevención ni de resolución ni de gestión. Esta crisis ha evidenciado el fracaso del modelo de atención residencial que los socialistas veníamos denunciando”, expuso. 

La procuradora leonesa también criticó la falta de coordinación entre las consejerías de Sanidad y Familia, hasta el punto de llegaron a dar datos “contradictorios”. En este sentido, precisó que Castilla y León fue la única comunidad en la que los fallecidos en residencias superó a los muertos entre la población general. “Alguien tiene que asumir las responsabilidades, tras evidenciar el abandono que tenía la administración a los centros residenciales, que no recibieron información ni hubo controles. Consecuencias que pagaron las personas mayores y los más vulnerables”, añadió. 

Ingreso Mínimo Vital

Ambas se refirieron al Ingreso Mínimo Vital, aprobado hace unos meses por el Gobierno central, que consideraron que debe ser una oportunidad para Castilla y León, a la altura de otros hitos “históricos” como la ley de la dependencia. Eso sí, Gonzalo criticó que las primeras declaraciones de los responsables de la Consejería de Familia iban dirigidas a “minusvalorar” la prestación para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social. “Evidenciaba que estaban más preocupadas en hacer una oposición al Gobierno de España en lugar de mejorar la calidad de vida de muchas familias de Castilla y León”, declaró.

La procuradora socialista recordó que las cuantías del Ingreso Mínimo Vital son superiores al de la Renta Garantizada de Ciudadanía (461 frente a 430 euros al mes para una persona y 877 frente a 645 euros para una familia de cuatro miembros). De esta manera, cifró que para una familia hay una diferencia de 3.000 euros al año. 

De ahí que Gonzalo reclamara a la Junta que los más de 70 millones de euros presupuestados para la Renta Garantizada de Ciudadanía, tras los recortes de los últimos años, estén destinados “exclusivamente” a Servicios Sociales.