El consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, resaltó hoy que el recuerdo a las víctimas del terrorismo es una obligación de toda la sociedad  y argumentó que con los más 1.400 asesinados por ETA, así como lo más de 4.900 heridos y el sinfín de amenazados, exiliados y damnificados por los violetos, no cabe el olvido.

Carnero, que esta mañana presentó un numero monográfico de la Revista Jurídica de Castilla y León con el que la Junta rinde homenaje a las víctimas del terrorismo, recalcó que la sociedad debe tener siempre presente aquel "dolor", ya que de esta forma "haremos que la protección de las víctimas sea siempre algo actual".

En un acto en el que estuvo acompañado por el presidente de la Asociación de la Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, Sebastián Nogales, el consejero de la Presidencia también indicó que "la rehabilitación completa, real y plena de las víctimas" requiere un apoyo multidimensional a largo plazo por parte de las administraciones que incluya medidas físicas, psicológicas, normativas, sociales y financieras, por lo que señaló que con este número de la Revista Jurídica, "tanto la Junta, como los consejeros director y asesor, quieren aportar su granito de arena".

Además, sobre el monográfico, Carnero insistió en que "contribuye al necesario reconocimiento de las víctimas del terrorismo frente a la situaciones y padecimientos sufridos". A su vez, remarcó que "durante los últimos decenios y en el panorama europeo, España ha destacado, lamentablemente, por la execrable cuestión del terrorismo y, con ello la obligación ética y jurídica de su necesario reconocimiento".

Carnero, que inició su intervención recordando que esta presentación coincide con el 25 aniversario de la liberación de Ortega Lara y con la semana en la que se ha celebrado el día de recuerdo y homenaje a las víctimas que marca la propia ley autonómica, también recordó que la Revista Jurídica de Castilla y León cumplirá el próximo año su veinte aniversario bajo el convencimiento de la importancia social y educativa de "la promoción del conocimiento, bajo la aplicación de los principios de libertad de pensamientos".

En este sentido, también resaltó el cambio que supuso en el año 2012 su paso a un formato electrónico, lo que le permitió llegar a más lectores. En estos momentos la publicación ha alcanzado los más de 1.600 suscriptores y ha publicado 421 trabajos de investigación de gran calidad jurídica.

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En la presentación de la revista también participó Luis Miguel González Gago, director de los Servicios Jurídicos de la Junta, junto a los autores de los artículos, a excepción del abogado Santiago Milans del Bosch, que en su artículo sostiene que los más de 370 asesinatos etarras aún sin  resolver no pueden prescribir por cuanto el delito de pertenencia a banda terrorista es permanente, y en el que también hace referencia a un reciente informe del Parlamento Europeo en el que la institución europea admite el posible reconocimiento de los crímenes de ETA como crímenes contra la humanidad.

Además, por videoconferencia participó el fiscal del Tribunal Supremo José Miguel de la Rosa Cortina, que argumentó que derechos fundamentales como la libertad de información o expresión nunca puede ser utilizados para humillar a las víctimas.

Por su parte, el magistrado de Vigilancia Penitenciaria número uno de Castilla y León, Florencio de Marcos Madruga, argumentó el acierto de la política de dispersión y alejamiento de presos aplicada desde 1989, además de considerar que son medidas que no afectan a ningún derecho fundamental recogido en la Constitución.

Mientras tanto, Luis Heredero Ortiz de la Tabla, funcionario del Cuerpo Superior de la Junta, argumenta en su artículo que toda política pública de protección a las víctimas del terrorismo debe tener como premisa el desarrollo de las actuaciones derivadas de la "memoria, dignidad, justicia y reparación", que conllevan salvaguardar y mantener vivo su reconocimiento. Además, también argumenta que aunque España vaya muy por delante de la UE en el reconocimiento legal de las víctimas, todavía hay aspectos que mejorar como la reforma del régimen penal que evite actos de humillación de las víctimas y enaltecimiento del terrorismo, o la incorporación de un régimen de infracciones y sanciones administrativas.

Por último, Isidoro Blanco Cordero, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alicante, pone el acento en su artículo en el blanqueo de capitales procedentes del terrorismo, planteando que por la amplitud actual de las vías de blanqueo, ha perdido su sentido mantener hoy en día el delito de receptación en el Código Penal.