La polémica reducción de subvenciones a patronal y sindicatos sigue acumulando muescas en la culata y ayer se volvió a torsionar después de que el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, negase que sea un acuerdo «formal» del Consejo de Gobierno y lo limitó a una evaluación de gasto público de cada consejería. «La medida no está en vigor ni ejecutada», insistió durante su intervención en la rueda de prensa posterior a la reunión de cada jueves, y enmarco los recortes anunciados de 20,3 millones de euros a CEOE, CCOO y UGT en el pacto de gobierno entre PP y Vox. Sin embargo, desvinculó la reunión anunciada este miércoles del Consejo del Diálogo Social de esta medida que, como explicó, todavía deben ser ejecutados por el procedimiento administrativo correspondiente por parte de la Consejería de Empleo.
«No forma parte de los acuerdos que se adoptan por el Consejo de Gobierno, por lo que no figuran entre los mismos, ya que de ellos no se derivan ni decreto u orden alguna», y deslizó que ese encuentro debería enfocarse más a la búsqueda de acuerdos del Diálogo Social para el bienestar de la sociedad. En todo caso, reiteró que el anuncio de los recortes no supondrá la «ruptura» del modelo de concertación autonómico.
A lo que no respondió Fernández Carriedo fue a las varias preguntas formuladas sobre si la parte de la Junta controlada por el PP conocía que el vicepresidente, Juan García-Gallardo, iba a anunciar los mencionados recortes a sindicatos y patronal, mientras que remitió al final del «proceso» para ver finalmente en qué se concretan las disminuciones, dando a entender que pueden variar esas cuantías de las que ha hablado Vox.
Desconocían las cifras
No obstante, si que dejó entrever que la parte popular del Gobierno autonómico no conocía el detalle preciso en cuanto a cifras de la eliminación de 20 millones en ayudas planteada por García-Gallardo, pero sí era consciente de la orientación de los trabajos que se estaban llevando a cabo. «Vamos a dejar trabajar a la Consejería y al Diálogo Social», añadió.
Desde el punto de vista administrativo, explicó que no corresponde al Consejo de Gobierno adoptar las medidas anunciadas por el vicepresidente y el consejero de Industria, sino que forma parte del trabajo que puede llevar a cabo cada departamento en virtud del acuerdo de PP y Vox, que recordó recoge la evaluación de las políticas y la búsqueda de la «eficiencia» del gasto público, para evitar «ajustes» en los servicios públicos, las políticas de desarrollo económico o la cohesión social.
«Las consejerías, en el ámbito de sus competencias, analizarán como realizar estas reducciones de gasto», añadió Fernández Carriedo, que insistió en que se trata de una «orientación» que inicia un procedimiento que se tendrá que aplicar por los cauces administrativos previstos por parte de cada consejería en el ámbito de sus competencias. «El procedimiento empieza ahora, el final lo valoraremos cuando concluya», dijo el portavoz, quien dejó en manos del consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, la revisión de la financiación de las organizaciones agrarias profesionales: «Hay que tener ese tiempo de espera».
Por último, el también titular de Economía y Hacienda puntualizó que en un momento de incertidumbre económica como el actual es «obligado» que se estudien las políticas públicas para adaptarlas y examinar dónde se pueden hacer los recortes mas adecuados. Además, negó que este anuncio tenga un componente electoral para Vox ante la cita con las urnas este domingo en Andalucía y rechazó que esta evaluación suponga poner en «entredicho» la gestión anterior de las ayudas
Consensuada o decisión de Vox
Tras varios días de silencio, la patronal autonómica salió ayer al paso del anuncio del recorte en las ayudas al Diálogo Social y aseguró que esperan que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como presidente además del Consejo Diálogo Social, aclare a los agentes económicos y sociales si la medida anunciada por el vicepresidente Juan García-Gallardo está «consensuados» por el Gobierno regional o «es sólo una decisión arbitraria de una parte del Ejecutivo», en referencia a Vox. «Será entonces en ese momento cuando CEOE Castilla y León, con las explicaciones oportunas, pueda realizar una valoración detallada», indicaron en un comunicado.
La Junta Directiva de CEOE Castilla y León reconoció «su más absoluta incredulidad» ante el anuncio realizado, y expresó su rechazo tanto por las formas de hacerlo público por el vicepresidente de la Junta, como por el contenido de los mensajes lanzados «con calificativos impropios de una sociedad democrática y que cuestionan de forma injustificada el papel del empresariado».
En cualquier caso, CEOE expuso que «desde la máxima responsabilidad y compromiso, seguirá trabajando en beneficio de los empresarios de esta Comunidad, porque el Diálogo Social, elogiado dentro de nuestro territorio nacional e incluso a nivel internacional por la Organización Internacional del Trabajo, es entendimiento, no confrontación». En este contexto, la patronal solicitó «el máximo respeto hacia un modelo de trabajo que forma parte de la máxima norma legislativa regional, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León».
Oposición parlamentaria
Mientras, siguen arreciando las críticas desde la oposición parlamentaria, y ayer, tras la reunión de la Junta de Portavoces de las Cortes, el portavoz del Grupo Mixto, Pablo Fernández (Podemos), pidió al presidente Alfonso Fernández Mañueco que cese a Juan García-Gallardo por anunciar, sin acuerdo del Consejo de Gobierno el recorte en las subvenciones a la patronal y sindicatos, mientras que Francisco Igea (Ciudadanos) exigió «la desautorización expresa» por el titular del Ejecutivo.