En el año 2010 la Junta de Castilla y León puso en marcha la Renta Garantizada de Ciudadanía, que se configura como una prestación social y familiar, de naturaleza económica y percepción periódica, cuya finalidad «es atender las necesidades básicas de subsistencia y promover la integración de quienes se encuentren en situación de exclusión social». Según los últimos datos ofrecidos desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, 607 familias abulenses perciben actualmente esta prestación de la que el Consejo de Cuentas de Castilla y León ha realizado una fiscalización externa correspondiente al ejercicio 2015 y con el «objetivo principal es valorar el cumplimiento de la finalidad de las prestaciones otorgadas y el seguimiento efectuado al respecto». Este informe de fiscalización permite además conocer datos como número de beneficiarios y gasto en estas prestaciones, así como el perfil de los perceptores de esta prestación a la que tienen derecho ciudadanos de esta Comunidad «en situación de exclusión social».
Así, la fiscalización realizada por el Consejo de Cuentas revela que mientras que en el año 2011 la Renta Garantizada de Ciudadanía contaba en la provincia de Ávila con 179 perceptores, que de media percibían 610 euros al mes, cuatro años después la cifra aumentaba hasta los 851 beneficiarios, con una prestación media de 542 euros, importe ligeramente superior a la media de la región en ese ejercicio que fue de 522 euros, según los datos del Consejo de Cuentas de Castilla y León. Se trata, además, de la segunda cuantía más elevada de la región, por detrás de la prestación media de Burgos, que en el año en cuestión se situó en los 574 euros,
Lógicamente, el aumento de beneficiarios experimentado entre los años 2011 y 2015 fue acompañado de un mayor gasto por parte de las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales destinado al abono de estas prestaciones. Así, en Ávila se pasó de los 833.843,20 euros de 2011 a los 5.727.565,39 euros de 2015, lo que implica un incremento del 587 por ciento, muy por encima del aumento experimentado durante ese periodo en el conjunto de la Comunidad, que fue del 163 por ciento y hasta los 72.975.958,37 euros en 2015.
Según se desprende del informe de fiscalización realizado por el Consejo de Cuentas, Ávila es la provincia de Castilla y León donde más aumentó el gasto destinado al pago de prestaciones de Renta Garantizada de Ciudadanía en dicho periodo, destinándose en total a este concepto durante los cinco años en cuestión 17.189.862,58 euros.
Una de las cuestiones que evidencia este informe es que en términos relativos la provincia de Ávila presenta, después de León, el mayor índice de gasto de esta prestación con respecto al PIB provincial, en este caso del 0,19 por ciento y pese a ser éste uno de los más bajos de la Comunidad.