En septiembre cambió la legislación para las personas con discapacidad y por ello desde el Consejo Provincial de Capacidades Diferentes de la Diputación Provincial decidieron en su último Pleno programar una jornada en la que resolver dudas. Más de 20 asociaciones del ramo y una treintena larga de sus representantes acudieron este miércoles a esta cita con la formación en el salón de plenos de Naturávila, explicaba la diputada de Servicios Sociales, Beatríz Díaz. A cargo de Jesús Lozano, miembro de la Asociación Futudis, llegaban las explicaciones de una ley que llega «por adelantado», «antes de que la sociedad la reclame», incluso. El orden lógico no se ha cumplido y hay ya en vigor una normativa cuyo fondo es «ampliar las libertades de las personas con discapacidad, haciendo desaparecer, entre otras, figuras como la de la tutela judicial» o dejando atrás esa patria potestad que recuperaban los padres de las personas con discapacidad al cumplir estos la mayoría de edad. Son cambios que como todos y, más, "como todos los que tienen que ver con la libertad que dan vértigo» afirmó Lozano.
Es sin duda para él «una ley muy importante y de la que todo el mundo habla desde que entró en vigor porque fundamentalmente lo que hace es reconocer que las personas con discapacidad tienen la misma capacidad jurídica que el resto de las personas» y en ese sentido y por lo tanto «se suprimen conceptos como la incapacidad y cualquier prohibición por cuestión de discapacidad e, incluso para los adultos, la vieja institución de la tutela».
Sí puede haber apoyos. Ahora bien, los adultos con discapacidad «pueden requerir apoyos para el pleno ejercicio de su capacidad -aseguraba- y para ello el juzgado va a atender no a lo mejor objetivamente, sino a la voluntad, a los intereses y a las propias preferencias de la persona» para lograr «que tenga los apoyos que requiera el hecho de que él mismo tome sus propias decisiones».
Es «un cambio radical porque pasamos de sustituir la voluntad de las personas con discapacidad a través de una tutela a fomentar la toma de sus propias decisiones y a que desaparezca de nuestro ordenamiento jurídico cualquier prohibición, cualquier limitación por razón de la discapacidad». Un avance, sin duda, y más puesto que no hace mucho, «escasamente hace cuatro años, todavía la incapacitación judicial impedía el ejercicio del derecho al voto de la persona con discapacidad»; así pues, «con la ley actual hay garantía absoluta de que la discapacidad no puede discriminar a nadie y los derechos son iguales para todos», decía el ponente.
Respecto a las dudas que esta ley genera, estimaba Lozano que «el cambio es muy importante pero España ya había ratificado la convención de Nueva York y se necesitaba el cambio legislativo para apoyarla. Es verdad que las familias en este momento tienen necesidades de información». Los cambios que tienden a la libertad producen cierto vértigo a las familias que «son protectoras de las personas con discapacidad» y ahí «la ley les va a ayudar a que haya mecanismos de salvaguarda, de garantía, para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos pero con esas garantías y apoyos que muchas veces requerirá la defensa de los intereses económicos, patrimoniales y personales de las personas con discapacidad». Así pues por ese lado insinuó que puede haber tranquilidad.
Estamos en cualquier caso en «un momento de transformación en el que estamos aprendiendo cómo funciona la nueva ley», de ahí el vértigo del que hablábamos, pero también que «hay que confiar en que, poco a poco, la propia sociedad adaptará esta situación». Normalmente es la sociedad la que obliga a modificar las leyes pero en este caso el cambio se ha adelantado, «la ley va por delante de la conciencia social y va a contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad». Impidiendo que pensemos en ellos como menores de edad, y es que este concepto de menor protegido por la patria potestad es «incompatible con una persona adulta que tiene derecho a ejercer sus propios derechos aunque sus padres le puedan apoyar y prestar esos apoyos que requiere. Hay que cambiar y la ley va a contribuir a ese cambio», concluyó.