El Grupo Popular abulense en las Cortes de Castilla y León hizo este viernes balance de la bonificación del impuesto de donaciones y sucesiones cuando se cumple un año del arranque de esta medida. Una decisión que iba en el programa electoral del presidente de la Junta de Castilla y León y que deja para la ocasión datos en positivo especialmente para el bolsillo del contribuyente en Castilla yLeón y por ende del abulense. Y no sólo eso sino que ha tenido una repercusión positiva también en la Comunidad
En este sentido el procurador popular, Miguel Ángel García Nieto quiso dar cuenta de esos resultados que en Ávila son, dijo, «superelocuentes». Concretamente estimaba el ahorro fiscal en casi 6,2 millones de euros (6.181.931,49) y los beneficiarios en un total de 1.348.
Solo en donaciones los abulenses habían transmitido más de 54,5 millones y sin embargo la autoliquidación había sido de casi 64.600 euros. En este sentido si no se hubiera bonificado ese impuesto se hubieran tenido que pagar 6 millones en números redondos.
Luego hablamos de sucesiones, pero lo que quería dejar claro era la realidad que se plasma con esta medida y confrontarlo con el siempre discurso «catastrofista y negacionista del PSOE» que auguraba un fracaso esta decisión, asegurando, decía el procurador popular, que sólo se beneficiaría a los ricos, a las rentas más altas. En este punto aseguró que el 70%de las autoliquidaciones se extraen de donaciones inferiores a 50.000 euros; y el 90% inferiores a 100.000.
Además un tercio de las mismas tuvo lugar en el medio rural con lo que se beneficia a éste con las que considera son «políticas de discriminación positiva» y en cualquier caso a rentas bajas o medias en su mayoría y no a los ricos como argumentaba el PSOE. La conclusión es que «teníamos razón cuando decíamos que la bonificación de este impuesto beneficiaba a la mayoría de las familias con rentas bajas y medias».
En cuanto a la bonificación en sucesiones lo que ha pasado es que «los abulenses se han ahorrado en 2021 un total de 21.876.730 euros». Además la propia Comunidad ha salido ganando con ello porque «hemos subido nada menos que siete puestos en el índice de competitividad fiscal». De hecho decía estamos en cuarta posición sólo por detrás de Madrid, País Vasco y Canarias, es decir, estaríamos segundos entre las comunidades dentro del régimen fiscal general puesto que País Vasco y Canarias tienen el suyo propio.
Interpretaba García Nieto que tener un mejor índice de competitividad «aumenta las probabilidades de atraer actividad empresarial en nuestro territorio». Así pues, para las dos partes implicadas hay beneficios y no hay discusión sobre la bondad de una medida que se va a mantener en el tiempo y a ello se comprometía y también que se complementa con una partida de 470 millones largos que se dedicarán a paliar la «brutal crisis» que tiene parte de culpa en la subida de los precios, los carburantes y la energía y de la que en parte culpaba al gobierno de coalición de España al que acusaba de cometer «tropelías y de no hacer caso a recomendaciones».
Frente a la inacción del Gobierno nacional ponía la política de la Junta de Castilla y León que continuará siendo la de bajar impuestos y dejar más dinero en los bolsillos de los contribuyentes pues está demostrado que así se reactiva la economía.
Además en el caso de la Comunidad se ha producido una «evolución favorable de la recaudación tributaria pues sin ir más lejos las donaciones se han incrementado entre 2019 y el 2021 en toda la Comunidad de 3.659 autoliquidaciones a 17.173» (no cuentan el 2020 por la irrupción de la covid). Además la recaudación tributaria de impuestos «ha sido la mejor de los últimos 14 años».Suben las transmisiones de fincas en un 26,5% o la compraventa de viviendas en un 37,3%, ambas por encima de la media nacional, sentenció.