El coste del personal que asiste al Rey Emérito en Abu Dabi, donde se encuentra desde el pasado mes de agosto cuando se marchó de España después de que se publicasen diversas informaciones sobre sus presuntos negocios privados en el extranjero, corre a cargo de Patrimonio Nacional, un organismo público adscrito al Ministerio de Presidencia que gestiona y conserva el patrimonio artístico e histórico de España. Así lo confirmó ayer el Gobierno después de que la noticia apareciese en un medio digital, que señalaba que Don Juan Carlos cuenta con tres ayudantes de cámara en su estancia en el país asiático. Unos empleados contratados por Patrimonio Nacional y que se organizan por turnos rotativos desde hace medio año para garantizar las labores de asistencia al exjefe del Estado. Además de sus salarios, el organismo público asume también los gastos derivados de su estancia en Abu Dabi.
Fuentes de Moncloa justificaron que Don Juan Carlos cuenta con este tipo de asistentes desde que asumiera la jefatura del Estado en 1975 y subrayaron que los ha seguido manteniendo desde que abdicó en 2014 «de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente». Asimismo, aclararon que es a petición de la Casa del Rey el hecho de que Patrimonio Nacional asuma la factura de esta asistencia, siguiendo la tramitación habitual.
Este personal eventual y laboral, recalcaron desde el Gobierno, presta servicio en la Jefatura del Estado y sigue las indicaciones y orientaciones que se realizan en la Casa del Rey. De acuerdo con ello explicaron que, además de las comisiones de servicio, se abonan sus nóminas de acuerdo con lo que se dispone en la ley de Presupuestos Generales del Estado.
Un extremo que fue confirmado también por Patrimonio Nacional, que indicó que se encarga de pagar a este personal al estar adscrito a ellos, pero especificaron igualmente que es Zarzuela quien decide a qué tareas les dedica.
Protección
Tras conocerse esta información, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, fue el primer miembro del Gobierno en pronunciarse sobre ello, aunque aseguró que no conocía el asunto publicado. «Tampoco tengo por qué sobresaltarme sobre esta cuestión, tiene que haber una protección sobre el Rey Emérito», indicó. Sin embargo, respaldó las palabras de la vicepresidenta, Carmen Calvo, que apenas 24 horas antes sostuvo que Don Juan Carlos no ha recibido recursos públicos: «Solo puedo decirle que desconozco el detalle, no es de mi departamento. Si lo ha dicho ella está claro que será así».
Asimismo, Campo defendió que la Monarquía está haciendo un esfuerzo permanente de transparencia y pasos importantes para ser una institución del siglo XXI, aunque «hay cosas que tiene que ir puliendo». En este sentido, respaldó la postura del PSOE en el Congreso, que se mostró contrario a abrir una Comisión de investigación sobre el presunto uso de tarjetas black por parte del Rey Emérito. Según explicó el ministro los socialistas no se oponen a indagar sobre este asunto, sino que quieren «mantener el criterio de que la Cámara Baja controla al Gobierno, no a la Corona».
Sobre estas supuestas irregularidades del padre de Felipe VI, Campo reconoció que se preocupa cuando oye estas noticias, pero remarcó que es una actuación de una persona concreta, no de una institución, al tiempo que recordó que es importante ser respetuosos con la presunción de inocencia.