A tenor de los datos, la jornada organizada este jueves por UGT sobre 'Violencia Filio-Paternal desde una perspeciva de género' fue de lo más oportuna y además tuvo el acierto de aportar diferentes e interesantes puntos de vista, tanto el judicial, como el policial y el pedagógico.

Luis Carlos Nieto García, quien es juez de menores de Ávila, acudió invitado a la cita para hablar de realidades, las que el juzgado tiene entre manos, pero también para aportar un punto de vista en positivo.

Nieto abundó por supuesto en la violencia filio paternal pero también en la que afecta a los jóvenes y adolescentes con otros jóvenes y sobre todo «hemos detectado violencia en el ámbito de las parejas, de agresiones de chicos jóvenes hacia su novia». «No es ajeno a esto el discurso sobre la violencia machista que hay en estos momentos».

En cualquier caso, para el juez «es un problema que tiene solución» y ése es el mensaje que quiso lanzar: «Optimista, puesto que los jueces tenemos posibilidades y medidas educativas para trabajar estos problemas» y teniendo en cuenta que «la nuestra es la última intervención». Previamente es importante «que haya una intervención social, familiar, e incluso, médica porque -entendía- «los pediatras son muy claves para detectar estos problemas».

Ante este tipo de violencia sabe que «no hay recetas únicas porque cada caso es diferente en cada chico o chica». Aunque hablaba de los menores aseguraba que es un asunto más amplio porque también involucra a las familias. «Estamos en condiciones de resolver a través de varias medidas educativas y psicológicas».

Para el juez «los jóvenes en general no tienen una conducta agresiva; los hay, que sí» y en este sentido apuntaba a la culpabilidad de una sociedad «que ha generado mecanismos de violencia»; muchas veces también se produce «en los ámbitos más personales, familiares y de pareja», pero sobre todo la sociedad que hemos construido.

En sus manos tienen el derecho penal, «un mecanismo sancionador que debemos aplicar en los juzgados de menores», pero hay que utilizar otros. Apuntaba a «la intervención en los colegios, en los institutos, en el medio familiar, o desde la propia medicina es importante» pero cada sujeto «desarrolla las violencias en función de unas circunstancias personales, de infancias a veces rotas, otras no necesariamente». 

Los casos en los juzgados «se plantean con relativa frecuencia» y además «tenemos muchas consultas» al respecto sobre qué hacer.

Toda vez que llega a juicio y hay decisión judicial «hay muchas medidas, entre ellas trabajos en igualdad, en beneficio de la sociedad, prestaciones, tareas socioeducativas y, una medida en casos más importantes y con resultados muy positivos que es la convivencia con grupos educativos», para entendernos, «en aquellos casos en los que está muy deteriorado el ecosistema familiar, el menor pasa a residir en otro lugar, con un grupo de educadores y haciendo vida normal y en libertad». En estos casos los resultados a veces son «sorprendentes», por buenos, evidentemente.

Aunque los asuntos relacionados con menores no suponen un gran porcentaje respecto al total de juzgados de Ávila lo cierto es que ahí están y son frecuentes. En este sentido quienes también toman el pulso a la situación antes de que se judicialicen son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad delEstado de ahí que concurrieran a la jornada Policía Nacional y Guardia Civil. Por parte de la primera intervino RaúlGarcía Sáez, delegado de Participación Ciudadana del cuerpo. Fue el quien aseguró que cuando ya se denuncia en comisaría es porque «hablamos de casos muy extremos» y de ellos este año apenas han tenido dos. Se producen «cuando la familia ya no se hace con ello y nos llega a nosotros». Sí es cierto que se  reciben llamadas por discusiones en casa, «por amenazas e insultos; la violencia física, muy poquitas veces»  de hijos hacia padres pero que terminan en una incidencia. Agresiones como tal no son tanto de menores, pues las dos registradas son personas de entre 40 y 50 años las que agreden y ahí ya entran otras circustancias «consumo de alcohol, padres muy mayores y vulnerables de los que se abusa y ahí hemos encontrado agresiones».

Desde la Guardia Civil, Francisco Javier Angulo, miembro del equipo Emume, cuantificaba las denuncias recibidas sobre violencia de hijos a padres en torno al medio centenar. «Es una incidencia pequeña dentro de las delictivas que podemos tener», pero evidentemente las hay y como en el caso de la capital no se circunscribe especialmente a menores de edad. Las de ellos representan en torno al 21/22% del total, pero también las hay.

El problema está en los hijos que siguen viviendo en casa de los padres y «muchas veces vienen vinculados a toxicomanías, adicciones o falta de trabajo.Ese tipo de convivencia que al final se va enquistando y acaba en violencia filio paternal». Como su compañero de Policía Nacional aseguraba que cuando los padres son muy mayores hay «un cierto abuso, pues siendo en muchos casos cuidadores se acaban convirtiendo en maltratadores de los ancianos».  Cuando se produce la denuncia «es porque la situación ya es insostenible», manifestó el guardia civil. Para él como para el juez el problema de fondo es «la educación en el seno familiar, el saber llevar a los hijos» y no el hecho, por ejemplo de vivir en el medio rural

Como organizador de la jornada, Javier García, entendía la necesidad de la misma y del mismo modo que se ha bautizado como de violencia filiopaternal se podría haber hecho aludiendo a la filiomaternal porque  «se trata de revelar un problema que está en la sociedad y que no es lo suficientemente conocido». Consideraba que este tipo de violencia en España se da más de hijos a madres  que a padres y más por la cercanía de la fecha, el 25 de noviembre''Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer'. Para FaustinoTemprano, secretario de UGTde Castilla y León, es ésta una jornada «que queremos tenga continuidad en el futuro». Desde la UGT «nunca habíamos organizado jornadas con esta materia, pero somos sensibles con este asunto porque cada vez va a más y hay más denuncias al respecto».En Castilla y León hay unas 4.000 denuncias al año y de ellas un 15% acaban judicializadas y hay que visibilizarlas. El debate abierto en Ávila además, entendía que les podía aportar luz sobre qué medidas sindicales se pueden poner en marcha al respecto para atajar el problema y ayudar. 

Antes, rememoraba se hablaba de ello como un problema «en familias desestructuradas, hoy, la realidad es completamente distinta porque afecta a toda la sociedad y también al mundo laboral». Entendido como que estas personas deben incorporarse al trabajo y desde allí a la sociedad.