La covid-19 sigue dejando regueros negros a su paso. Al ya conocido impacto en la sanidad, en la economía o en el día a día de la sociedad durante ya dos largos años, se le suma ahora un hecho que, no por conocido, deja de asombrar: Su contribución a agravar las desigualdades sociales y arrastrar al pozo de la exclusión social a cada vez más población. Hasta el punto que uno de cada seis habitantes de Castilla y León, el 18 por ciento del total, está en situación de exclusión social, lo que se traduce en 426.000 personas. De ellos, 225.000 sufre la exclusión severa, después de aumentar un 54,1 por ciento desde 2018 por el impacto del coronavirus, según el último informe de la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y de la Sociología Aplicada) presentado ayer por Cáritas. Es decir, hay 79.000 castellanos y leoneses más en esta situación en solo tres años, sin incluir el impacto de la invasión de Ucrania o la crisis de precios.
Con estas cifras, la conclusión de Cáritas es que las personas que eran más vulnerables antes de la pandemia son las que han sufrido las peores condiciones con la crisis social y económica generada a raíz de la covid. Uno de los coordinadores del Informe sobre exclusión y desarrollo social en Castilla y León, Thomas Frederic Ubrich, lo explicó ayer de una manera muy gráfica: «Estamos viviendo una crisis de unos efectos como el desastre del naufragio del Titanic. Todos viajamos en el mismo barco, pero los que viajaban en primera tenían botes salvavidas. Su supervivencia estaba asegurada, sin embargo, la mayoría de los que viajaban en segunda o tercera clase no disponía de barco de emergencia y se ahogó». El presidente de Cáritas Castilla y León, Antonio Jesús Martín de Lera, alertó que una parte «importante» de la población sigue en riesgo de «desvinculación» e, incluso, se ve «literalmente expulsada de la sociedad». No en vano, se refirió a la «profundización» de la brecha de desigualdad en la población, donde los grandes damnificados por la covid-19 son las personas «más frágiles» y «desfavorecidas», a las que no ha llegado, muchas veces, el llamado escudo social.
Pese a reconocer que la «dinámica» en Castilla y León es «ligeramente» menos negativa que en el conjunto de España, significó que menos de la mitad de la población de los hogares de la Comunidad (49,7%) participa con «total normalidad» en la sociedad y tiene una integración «plena», cuando en 2018, este porcentaje era del 60%.
Principales problemas
El informe constata que los problemas más frecuentes y que más afectan a más del ocho por ciento de la sociedad castellano y leonesa son los gastos excesivos de vivienda (13,2%), la pobreza severa (10,9%), la inestabilidad laboral grave (10,9%), la presencia en el hogar de al menos una persona desempleada de larga duración (9%), el desempleo de todas personas en edad activa que residen en el hogar (8,4%) y la falta de interés de participar en procesos electorales o en entidades ciudadanas (8,4%). Y es que Foessa precisa que más de un 65 por ciento de la población en situación de exclusión social está afectada por problemas en la dimensión del empleo y en torno a un 60% por problemas en el consumo y la vivienda.
El documento expuso que el empleo se ha caracterizado durante la pandemia por la precariedad, que se ha duplicado y alcanza a más de 79.000 hogares que dependen económicamente de una persona que sufre inestabilidad laboral grave. «Esta inestabilidad laboral grave genera pobreza económica pero también frustración, laboral y personal, y tiene efectos a nivel psicológico y emocional, sin olvidar la peligrosa tendencia a la cronificación de la situación de desempleo», expuso Thomas Frederic Ubrich.
Mujeres, jóvenes e inmigrantes son los más castigados
El informe pone el acento en dos brechas que siguen «activas» como es la de género y la nacionalidad extranjera, sin olvidar la edad, y recoge que la crisis de la covid-19 ha feminizado «aún más» el espacio de exclusión en Castilla y León al precisar que la exclusión social en los hogares encabezados por mujeres ha pasado del 17% en 2018 al 25% en 2021, un incremento que multiplica por 2,5 el registrado durante el mismo periodo en el caso de los hombres (que pasaron del 12 al 15 por ciento). El país de origen también constituye un rasgo diferencial en el caso de las brechas de exclusión. Más de la mitad de los hogares encabezados por una persona de origen extranjero se encuentra en situación de exclusión, 3,5 veces más que en los hogares encabezados por alguien de nacionalidad española. Una tercera brecha se abre en la sociedad castellano y leonesa por el incremento de la tasa de exclusión entre las personas más jóvenes. No en vano, uno de cada cuatro jóvenes menores de 30 años está afectado por procesos de exclusión social.