Unicaja Banco informó a los sindicatos de que es necesario poner en marcha una medida de despido colectivo, como mecanismo legal previsto para llevar a cabo el redimensionamiento interno, tras la fusión con Liberbank, para 1.513 empleados, lo que supone algo más del 15% de la plantilla. Fuentes de la entidad explicaron a Ical, que ayer mantuvo la segunda reunión, de carácter presencial, con la representación de los trabajadores, del período informal dentro del proceso de negociación laboral tras la fusión, en la cual la dirección comunicó esa medida a adoptar «tras un riguroso análisis técnico de la situación económica, productiva y organizativa de la entidad».
Las mismas fuentes indicaron que el proceso de negociación está centrado en los ámbitos de redimensionamiento de la plantilla, movilidad geográfica de carácter colectivo y modificación de condiciones de trabajo, para armonizar las condiciones laborales preexistentes en las entidades de origen, como se informó en la primera reunión celebrada el 22 de septiembre pasado. Este proceso responde, prosiguieron, a la consecución de los «objetivos estratégicos» de la entidad previstos en el proyecto de fusión, y se enmarca dentro de las «tendencias sectoriales dentro de un entorno complejo y sujeto a múltiples retos».
Responsables de Unicaja Banco aclararon que dicho proceso va orientado, entre otros factores, a «mejorar la rentabilidad y eficiencia del banco, a través de la eliminación de solapamientos y el aprovechamiento de economías de escala, adaptar su estructura al contexto actual, caracterizado por una transformación generalizada del sistema financiero, de cara a la consecución de las sinergias previstas en el proyecto de fusión, así como para preservar una posición competitiva en el mercado».
Las decisiones se adoptan, aclararon, teniendo en cuenta la situación actual la cual la rentabilidad y la eficiencia del negocio «siguen deterioradas en el sector por el entorno de bajos tipos de interés, la necesidad de acometer mayores provisiones, la mayor presión regulatoria, las cuantiosas inversiones en tecnología requeridas ante la transformación digital del sector, y la necesidad de mantener y mejorar el atractivo de la entidad para captar inversores y capital necesarios para aumentar la financiación crediticia a empresas y familias, y apoyar el desarrollo económico».
Por su parte, fuentes sindicales indicaron que de las salidas planteadas por la entidad antes de que se inicien las negociaciones formales del ERE, prevé que 508 empleados salgan de los servicios centrales y 1.005 de la red de sucursales. Asimismo, después de la reunión mantenida este martes con la dirección del banco, afirmaron que la entidad pretende echar la persiana a 395 sucursales, equivalente al 27 por ciento de la red. Los representantes de los trabajadores mostraron su oposición a «cualquier proceso que conlleve salidas no voluntarias» en la entidad.