El Pleno de Diputación correspondiente al mes de octubre fue escaso en mociones, con sólo dos proposiciones, una de las cuales entró por vía de urgencia. Precisamente ésta tenía que ver con la «modificación de la composición de las mesas de negociación» de la Diputación y los 25 miembros del plenario la apoyaron sin más debate.
Se trataba de que todos los representantes de los grupos políticos, adscritos y no adscritos, tengan representación en ellas.
Y es que desde el inicio de legislatura ha habido cambios en esa composición, ya que ahora de algún modo el grupo mayoritario tras el PP, que cuenta con 12 miembros, lo conformarían los diputados no adscritos a ningún partido. Es así tras la salida, recientemente y por expulsión de su partido, de seis diputados que antes pertenecían al PSOE y de uno más que anteriormente representó a Por Ávila, Alberto Encinar y que lleva tiempo en el este grupo de no adscritos. Tras los doce del PP y los siete no adscritos, Por Ávila cuenta con tres representantes, el PSOE se ha quedado con 2 (cuando antes tenía ocho) y Ciudadanos tiene 1. El caso es que todos, y así se decidió por unanimidad, estarán representados en las mesas de negociación.
Explicábamos al principio que el Pleno sólo debatió dos mociones. La de urgencia apenas dio pie a debate, pero la otra, presentada por el PP sí dejó varios apuntes destacables. Lo importante es que se dirigía al Gobierno de España en aras a luchar contra la ocupación ilegal y para mejorar la convivencia y la protección de la seguridad de las personas y cosas de las comunidades de propietarios.
No se aprobó tal cual, si no como enmienda transacional al incluir un punto más a propuesta 'in voce' del portavoz de Ciudadanos, Pedro Cabrero. Sólo contó con el voto en contra del PSOE al entender que «no procedía el debate» por ser un asunto nacional y puesto que el Gobierno de España ya estaba tomando medidas además de porque el problema no afectaba en demasía a nuestra provincia.
Precisamente este último comentario fue el que dio pie a un debate más extenso pues casi todos los portavoces (salvo la del PSOE) tenían claro que el problema de la ocupación de viviendas sí pasaba por Ávila, «especialmente por los municipios al sur de la provincia y cercanos a Madrid» decía Pedro Muñoz, anterior componente del PSOE y ahora en el grupo de no adscritos.Sotillo, El Tiemblo o Cebreros son buen ejemplo de ello entre otras cosas porque son muchas las personas que allí tienen su segunda vivienda. En ocasiones además, destacaban, esas segundas residencias incluso son más que las primeras, (las de vecinos que están empadronados en el pueblo). Y son en aquellas en las que la ocupación está creciendo porque además muchos municipios no tienen herramientas, tales como Policía Local, para defenderse de un problema que el portavoz del PP definió como «una lacra». Era precisamente éste, Juan Carlos Sánchez Mesón quien defendía la proposición de su partido y quien se hizo con el voto a favor de casi todos los grupos (salvo el PSOE) para lograr mejoras para combatir la ocupación. Pero ocupación entendida no como la que protagonizan personas vulnerables a las que se las desalojó de una casa por impago de hipotecas, sino entendida como ocupación ligada a bandas organizadas y a alteraciones del orden.
La moción inicial contaba con cinco puntos a los que el portavoz de Ciudadanos, Pedro Cabrero, añadió un sexto en pro de «crear un fondo permanente de vivienda social» precisamente para los vulnerables, pedía entre otros aspectos lo siguiente: modificar la ley para endurecer las penas en caso de ocupación de vivienda o inmueble «especialmente en el caso de mafias»; incluir nuevas medidas procesales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para mejorar la protección de las personas físicas o jurídicas propietarias de esos bienes para poder recuperarlos; modificar la ley de propiedad horizontal para habilitar a las comunidades de propietarios como personas jurídicas que puedan iniciar procesos para la recuperación de viviendas para mejorar la convivencia y evitando actividades molestas, insálubres, nocivas, peligrosas o ilícitas; incluir medidas para evitar que el ocupante ilegal de una vivienda pueda inscribirse en el padrón ;y, por último modificar la legislación tributaria para reducir las obligaciones de aquellos arrendadores que justifiquen la no percepción de rentas.
Con todo ello en general se mostraron de acuerdo pues casi todos. De hecho desde Por Ávila entendían el problema de la ocupación como "de primer orden". No entenderlo así en Ávila es "no conocer la provincia" decía Pedro Muñoz dirigiéndose claramente al PSOE. Por parte del grupo de No Adscritos, también, Alberto Encinar así lo consideraba y añadía un asunto más en el que hizo hincapié, el de los impagos a los propietarios.