Independientemente de las sobreactuaciones políticas con claros intereses electorales,  la decisión de indultar a los líderes encarcelados del procés ha generado diversas opiniones entre los ciudadanos, tanto a favor como en contra, aunque imprimen  sensación de pesimismo los excarcelados cuando mantienen sus posiciones en favor de la autodeterminación, la amnistía y la independencia de Cataluña.
No se lo ponen fácil al Gobierno, que se dispone a abrir una mesa de diálogo, salvo que el acuerdo se haya tomado exclusivamente con la idea de mantener una mayoría en el Parlamento, hasta concluir la legislatura, como dicen los partidos más críticos, lo cual parece una conclusión con bastante poco sustento, aunque tanto el PP como la ultraderecha, incluso Cs, entiendan que puedan adquirir réditos electorales esgrimiendo estas tesis, incluso otras de más elevado tono, también a nivel personal. 
Lo cierto es que existe un problema que, en primer lugar, divide a los catalanes y a los españoles. Los partidos contrarios a los indultos no proponen ninguna opción para tratar de atajar políticamente la situación, entendiéndose que sería la mano dura, llegado el momento, con los medios de que disponga el Estado.  
Como se ha entendido en algunos sectores, desde los empresarios, incluso los obispos, apoyando las tesis de la Iglesia en Cataluña, lo que les ha costado grandes críticas, este primer paso que se acaba de dar sería la fórmula para propiciar el entendimiento y cerrar las heridas abiertas en la sociedad catalana, donde también hay que tener en cuenta, sin duda, a quien no apoya las tesis separatistas. Este problema no puede quedar abierto de forma permanente porque la tensión que se mantiene, además, provoca un frenazo en el crecimiento económico. 
Sin embargo, aunque en el perdón se han incluido  cautelas y no afecta a quienes optaron por salir fuera de España, es todo un reto, porque se ha llegado a la situación límite, no se puede ni se debe ceder más, si se quiere respetar el texto constitucional, el mismo que ha avalado la decisión del Ejecutivo de Sánchez, contra la que ahora se quiere recurrir, puede que con escasas posibilidades de éxito. Pero también es legítimo si se entiende que se ha cometido alguna ilegalidad.       
El nacionalismo radical acaba de consumir cualquier nueva posibilidad de perdón que pueda resultar comprensible para el conjunto de la sociedad, todo lo contrario, entenderían medidas más radicales, y Sánchez puede trabajarse el éxito o también puede hundirse estrepitosamente si fracasa lo que, al menos, ha defendido públicamente, aunque se le haya interrumpido con gritos de amnistía e independencia. Al final es asunto que compete a todos, porque España necesita estabilidad y más saliendo de una crisis como la derivada de la pandemia. Dejemos que trabaje el Estado de Derecho, la política y, finalmente, la decisión de los ciudadanos cuando tengan que acudir a las urnas, en eso se basa la democracia, aunque hay quien apuesta por el ruido permanente y busca atajos.