Los sindicatos UGT y CCOO en Castilla y León acudirán a la vía judicial y a las movilizaciones por los "incumplimientos" de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo respecto a los 18 acuerdos que hay firmados en el marco del Diálogo Social. Así lo confirmó este miércoles en Ávila el secretario autonómico de UGT, Faustino Temprano, que indicó que el Diálogo Social "está pasando por muy malos momentos".
Tras reconocer que el último acuerdo sobre forestales firmado este martes con el consejero de Medio Ambiente "es un buen acuerdo porque las reivindicaciones de los empleados públicos forestales se cumplen al 100 por cien, al pasar de ser fijos discontinuos a ser fijos durante los 12 meses", lamentó que haya llegado "después de que en los dos últimos veranos tuviéramos fuegos muy importantes en Castilla y León, con muertes este año de compañeros que estaban sofocándolos".
Además, explicó que con la Consejería de Familia "también están produciéndose avances en políticas de igualdad y de juventud", pero "si nos vamos a la Consejería de Empleo, hay que decir que está descabezada, solamente con el consejero y el director general, y estamos a finales de septiembre y hay 18 acuerdos firmados y no hay ningún cumplimiento por parte de la Consejería".
Según Temprano, lo más grave, de cara a los presupuestos de la Junta para el ejercicio 2023, es que se les tenía que haber convocado para informarles sobre las intenciones de la Consejería de Empleo y pedir su opinión, ya que los acuerdos del Diálogo Social requieren llegar a acuerdo y presupuestar económicamente las partidas que van a cada programa, que luego van a debate a las Cortes.
"No vamos a mirar para otro lado ni nos vamos a quedar callados", afirmó el dirigente sindical, quien demandó al presidente de la Junta, "que es el máximo responsable, ya que si no lo es nos estaríamos encontrando con que hay dos gobiernos en esta Comunidad, el del PP y el de Vox, que se convoquen las distintas mesas y se nos informe, ya que si no es así recurriremos judicialmente, miraremos el tema penal y no nos vamos a quedar callados, porque va a afectar al conjunto de los ciudadanos de esta Comunidad autónoma".
Faustino Temprano, que participó en Ávila en la clausura de una jornada de enseñanza pública de cara a las elecciones sindicales de 2022, indicó que "según las diez líneas de acuerdo que han firmado el PP y Vox, desaparecen muchas de las políticas que hasta ahora se venían desarrollando en esta Comunidad, como la prevención de riesgos laborales, las políticas de orientación y formativas, y las políticas de empleo dirigidas a los ayuntamientos, corporaciones locales y diputaciones para la contratación de desempleados".
Por lo tanto, a su juicio, es "un verdadero desastre y en los próximos días, conjuntamente con CCOO, expondremos un paquete de medidas para que se nos tenga en cuenta, pero dejando claro que vamos a agotar todas las vías, la judicial, la penal y de movilizaciones".
A ese respecto explicó que "las vamos a anunciar la semana que viene y serán durante toda la tramitación de los presupuestos. El 13 de octubre es la última fecha que tiene el Gobierno regional para aprobar en Consejo de Gobierno los presupuestos y de ahí pasarían a las Cortes, que los tendrían que tener aprobados la última semana de diciembre de 2022".
"Durante todo ese tiempo habrá movilizaciones, concentraciones fuertes y vía jurídica, porque pensamos que los próximos presupuestos de la Junta de Castilla y León no van a ser expansivos, sino de recortes, y nos preguntamos cómo en esta Comunidad, por un lado se están bajando impuestos a las clases pudientes y por otro lado a las clases más necesitadas se les están produciendo recortes en el Estado de Bienestar", precisó.
"Primero queremos conocer los presupuestos y se ha pedido a los consejeros de Hacienda y de Empleo que se nos convoque para explicarnos las partidas presupuestarias, sobre todo las que afectan al Diálogo Social porque son acuerdos que están vigentes, hay 18 acuerdos vigentes, y cada uno tiene una partida presupuestaria, y no sabemos si los van a meter en los presupuestos o van a desaparecer", subrayó el secretario general de UGT Castilla y León, quien precisó que "las medidas judiciales ya están en camino, no presentadas."
"La solicitud de los programas fue en el mes de marzo, la Administración tiene un máximo de seis meses para llevarlos a la práctica, que cumplen a finales de septiembre, y si no contestan se entiende que hay silencio administrativo y a partir de ahí es cuando comienza la vía judicial", indicó.
También aprovechó Temprano para decirle a la Junta y a la Administración General del Estado que "los salarios de los empleados públicos hay que subirlos, porque con no puede ser que con una inflación por encima del 10% y una inflación subyacente del 6% tengamos aumentos del 2%. Son trabajadores y no se merecen perder poder adquisitivo".