La diputada nacional por la provincia de Ávila, Alicia García, participó este fin de semana en la mesa redonda 'De cero a cien: por unos servicios públicos para toda la vida', organizada en la XXV Interparlamentaria del Partido Popular de Toledo.

García, que en la actualidad es portavoz popular en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso y que fue consejera de Familia de la Junta de Castilla y Leóny directora general de la Mujer del Gobierno autonómico, puso de manifiesto durante su intervención que «uno de los retos que la administración pública tiene ya planteados es la agilidad con que debe actuar  para responder a las solicitudes de los ciudadanos con respecto a su protección social». En este sentido puso un ejemplo gráfico: «no se puede comer con efecto retroactivo, así que hay que acortar plazos y convertir la administración en una maquinaria sin papeles ni ventanillas, que es por lo que abogamos desde el PP, siempre con eficiencia y eficacia en la gestión». 

La parlamentaria abulense subrayó que en España hay «13,1 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, casi tres millones más que en 2018».Ante el dato,García apuntó como clave «la inserción laboral, que es para el PP, como siempre ha sido, un objetivo prioritario de las políticas dirigidas a las personas en situación de riesgo de exclusión», por lo que, dijo, «hace falta un plan social orientado al empleo de los más vulnerables, con bajadas de impuestos o deducciones fiscales reembolsables que son posibles, pero para ello tiene que haber un gasto pÚblico inteligente, con un enfoque socialmente responsable». 

En materide dependencia, En cuanto a la dependencia,  García fijó los próximos objetivos del PP, que pasan, entre otros puntos, por «conseguir que el Gobierno aporte la misma cantidad que los ejecutivos autonómicos al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia».

Por último, con respecto a los mayores, la diputada popular destacó «la defensa que el PP hace de que haya más recursos y mayor calidad en la atención para que las personas mayores vivan donde quieran vivir, con la libertad de elección de centro o que cuenten con nuevas soluciones residenciales a la escala del medio rural, y que puedan vivir en su entorno con servicios de proximidad eficaces».