Era de prever la declaración de un nuevo estado de alarma en un país que se tiró al monte en pleno verano, como si la desescalada fuera la panacea para retornarnos a un escenario previo al estallido de la pandemia y todo hubiera sido un mal sueño o un invento chino.
Y lo era porque los contagios y la tensión hospitalaria han crecido exponencialmente a la misma velocidad que lo ha hecho el desánimo de la población, que empieza a preguntarse ya inmisericorde si la normalidad volverá a casa por Navidad. Como pronto, ya tenemos un nuevo estado de alarma para dar amparo legal al toque de queda que arranca entre las 10 y las 12 de la noche, según le venga en gana a cada autonomía. Así no hay quien se crea “el liderazgo compartido”, que repite Pedro Sánchez como un mantra con tal de repartir riesgos a doquier.
Los cierres perimetrales van también por territorios. Algunas comunidades ya lo aplican y otros dicen que lo van a hacer en cuestión de horas o días. Por ejemplo, el presidente de Andalucía, Moreno Bonilla (por cierto, que pronunciado así parece un miembro del colegio oficial de árbitros) ya lo ha deslizado ayer mismo en declaraciones públicas y, visto lo visto, acabarán por secundar la medida el resto de los presidentes autonómicos. ¿No sería más normal un criterio uniforme en tiempo y forma ante la situación tan excepcional que tenemos? Si alguien piensa que la solución a los graves impactos de la Covid-19 van a venir de la mano de 17 despachos políticos diferentes que prepare el petate para ir a la Luna, ahora que además los científicos han confirmado la existencia de agua allí. Lo del virus algún día lo doblegaremos, pero la estupidez de algunos me temo que será un imposible.
Ahí tienen otro debate estéril, el del plazo de aplicación del renovado estado de alarma. Vamos a ver, de qué sirve decir 8 semanas o 6 meses si no hay aún ser humano en el mundo que conozca a ciencia cierta la evolución de la pandemia. Toda una muestra más del funambulismo en el que se ejercitan nuestros representantes públicos cada día.